Por Teófilo Benítez Granados, Rector del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (CESCIJUC)
La Responsabilidad Social Corporativa (RSE) presenta gran éxito en los últimos años y da lugar a un conjunto generalizado de dispositivos regulatorios como códigos de conducta, normas éticas, políticas de denuncia de irregularidades, procedimientos de control inspirados en el cumplimiento, así como disposiciones para monitorear, evaluar y obtener la aprobación de agencias de calificación externas y también indicadores de rendimiento y mecanismos inteligentes conocidos como SMARTLaw.
Durante mucho tiempo, los abogados desestimaron estos estándares y dispositivos, que no consideraban parte de la ley. Dado que no se transmitía de los órganos oficiales de elaboración de leyes, no se admitía su validez jurídica ni eran parte de la ley. Sin embargo, es posible que esto cambie.
En los últimos años, varios casos legales altamente publicitados son más favorables a los estándares de RSE. Incluso, las autoridades nacionales ya no son reacias a introducir obligaciones para la publicación de informes no financieros o incorporar la RSE en la normativa sobre contratación pública.
No obstante, las normas de RSE en un contexto legal, aún permanecen fragmentadas y limitadas a situaciones muy específicas. Este fenómeno debe considerarse desde una perspectiva global en lugar de nacional, utilizar un enfoque pragmático y considerar los efectos de la regulación en lugar de las fuentes.
Desde esta perspectiva, la RSE representa un verdadero sistema normativo que puede complementar, o incluso tomar el lugar de las normas jurídicas tradicionales, ya que a menudo desempeñan el mismo papel funcionalmente equivalente. Incluso, el sistema normativo completo establecido por la RSE incluye no solo estándares, sino también dispositivos de implementación y sanciones.
Esto no es vano: Los estándares de RSE son establecidos por una amplia gama de actores de diversos sectores. Las corporaciones se encuentran evidentemente entre las que crean o promueven estas herramientas de RSE, pero otros participantes incluyen Estados, como el Acuerdo de Asociación de la Industria de la Confección en Estados Unidos o el SCS 9000T en China. También incluyen organizaciones regionales como la Unión Europea con el código de conducta para nanotecnologías, por ejemplo, organizaciones internacionales como las Naciones Unidas con el Pacto Mundial, e incluso ONG como la Asociación del Principio de Ecuador o ISO 26000 y asociaciones de la industria como código de conducta de la Federación Internacional de Industrias del Pely.
Estos diversos grupos establecen estándares para campos tan diversos como la protección del medio ambiente, la regulación de Internet o nanotecnología, la industria extractiva y el sector energético, las industrias forestales y textiles, o incluso los conflictos armados.
Las iniciativas de RSE también establecen mecanismos para garantizar la aplicación de estas normas. Pueden desarrollarse por las autoridades públicas y adoptar variedad de formas que van desde los requisitos para obtener contratos públicos hasta reducciones sustanciales de las multas penales.
Asimismo, éstos mecanismos también pueden ser implementados por actores privados a menudo en forma de aprobación, etiqueta o certificación. Otro desarrollo reciente y destacable es el establecimiento de indicadores de desempeño por parte de terceros. Estos indicadores, que se basan en estándares internacionales de responsabilidad social corporativa, permiten comparar el desempeño empresarial en áreas legales de gran importancia como las condiciones de trabajo, el impacto ambiental o las políticas de no discriminación.
Ahora, aunque los mecanismos de aplicación pueden ser legales como reclamaciones judiciales, existe una tendencia creciente hacia nuevos procesos centrados en la transparencia y la reputación, que incluyen revisiones por pares, informes y sistemas de clasificación.
La RSE deja de ser utopía.
