La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza otorgar al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca una escolta por seis años luego de que el funcionario deje de ocupar su cargo.
Este panorama se analiza toda vez que el mandatario estatal de Tamaulipas argumenta que su vida se encuentra en riesgo y requiere una protección.
Al tiempo que los ministros estudian esta posibilidad, se admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Presidencia de la República y diputados de minoría del Congreso de Tamaulipas.
Estos poderes señalan que argumentan que no hay ninguna base en la constitución federal para dar este servicio a exmandatarios.
Se informó que impugnaron concretamente el decreto mediante el cual se adiciona un segundo párrafo a la fracción I, del artículo 19 Bis de la Constitución tamaulipeca, que ordena brindar protección y seguridad a quienes se hayan desempeñado como gobernadores, secretario de gobierno o de seguridad pública en esa entidad.