Los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), que agrupan a ciudadanos afectados por el derrame de Buenavista del Cobre el 6 de agosto de 2014, ganaron un juicio de amparo por la contaminación del agua en dos pozos de la región, y han demandado a tres instituciones de salud —ISSSTESON, IMSS y Secretaría de Salud— por la falta de atención a la población afectada por el derrame.
A través de un comunicado informaron que un fallo dictado por el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Sonora, relativo al juicio de amparo 834/2015, reconoce que, incluso considerando los datos presentados por el Fideicomiso Río Sonora en su página web, al menos dos pozos —los de Sinoquipe y La Labor— presentaban contaminación por arsénico y manganeso en niveles superiores a los establecidos en las Guías para la calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud, las cuales establecen valores más estrictos que la Norma Oficial Mexicana 127-SSA1-1994.
Esta sentencia echa por tierra el discurso oficial del gobierno y la empresa Grupo México, causante del derrame, según el cual ya no existe contaminación en el río Sonora, lo que ha favorecido que, incluso, en los últimos dos años se instalen bebederos en las escuelas públicas de nivel básico para proveer agua a los estudiantes, la cual proviene del río Sonora sin ningún tratamiento de purificación previo.
Dado que se han detectado niveles por arriba de los valores máximos de metales permitidos en el agua para consumo humano, los CCRS cuestionan si la desatención de las autoridades estatales y federales ha agravado los problemas de salud de la población derivados de consumir agua contaminada.
Por lo anterior, los CCRS, acompañados por la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), han interpuesto una demanda de amparo contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), la Secretaría de Salud (que opera el Programa de Seguro Popular) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por no haber respondido a diversas solicitudes de información para conocer el estado de salud de los habitantes de río Sonora, y no haber atendido su salud.
En la demanda presentada los CCRS señalan que, en el escenario de incertidumbre actual generado por la comprobación de contaminación en dos pozos, “se ha vuelto urgente contar con un diagnóstico óptimo sobre nuestro estado de salud, el cual al menos debe consistir en la realización de las pruebas idóneas, adecuadas y necesarias para confirmar si sufrimos o padecemos alguna exposición o intoxicación por metales pesados”.
Hay que recordar que la contaminación de ambos ríos fue considerada como el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México, que afectó directamente a 22 mil personas y, de forma indirecta, a otras 250 mil en los siete municipios situados a orillas del río Sonora: Arizpe, Banámichi, Huepac, Aconchi, San Felipe, Baviácora, Ures y Hermosillo.
Grupo México: Tres años de promesas incumplidas e impunidad
A tres años de la contaminación de los ríos Bacánuchi y Sonora, las labores de limpieza y remediación por parte de Grupo México han sido insuficientes. La mayor parte de los pozos que debían ser reubicados siguen en su lugar y muchos siguen funcionando a pesar de estar a escasos metros del río.
Apenas se ha construido una de las 36 plantas potabilizadoras prometidas por la minera y, en abril de este año, se dio a conocer que se construirían solamente nueve de ellas. Cuestionados por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos acerca de la ausencia de las purificadoras, los funcionarios de esta empresa argumentaron que “sería irresponsable hacerlas” porque las autoridades municipales “no tenían capacidad para explotarlas”.
Una serie de análisis independientes ha constatado, año tras año, la presencia de metales pesados en el agua por encima de lo que marcan las normas internacionales. Cabe recordar que los metales pesados son bioacumulables, por lo que las afectaciones a la salud pueden tardar meses, o años, en aparecer.
El responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Uveas), encargada de atender los casos por contaminación en la región, dijo en julio de 2017 que 381 habitantes del río Sonora presentaban desechos tóxicos en sangre y orina. Aunque estos pacientes requieren atención médica, Grupo México ha retrasado la creación del centro de atención médica que comprometió.
La reparación de los daños económicos a agricultores y ganaderos ha sido otro motivo de disputas y críticas, ya que el Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora no realizó ningún análisis para definir el reparto de los 2 mil millones de pesos destinados a la compensación de daños económicos causados por el derrame, lo que provocó que las indemnizaciones fueran ínfimas comparadas con el nivel de las afectaciones.
No hay que olvidar que el monto del Fideicomiso equivalió al 0.013 por ciento de los ingresos brutos de Grupo México en 2014, y la multa de 24 millones de pesos que impuso a la empresa la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) equivalió al 0.00016 por ciento de los ingresos brutos de ese año.
El gobierno mexicano ha mostrado poco o nulo interés en que Grupo México cumpla el compromiso de reparar los daños causados, y dejó en el abandono las acciones legales que se intentaron contra la empresa, actitud que fue subrayada por el Grupo de Trabajo de la ONU en su informe final dado a conocer en junio de 2017.
A lo largo de estos tres años los CCRS, acompañados por PODER, han presentado más de 12 amparos y acciones legales contra la empresa y diversas instancias gubernamentales involucradas en este desastre ambiental, pero esto aún no ha sido suficiente para lograr el acceso a la justicia y la reparación de los daños.
El acceso a la justicia empieza por evitar que este tipo de desastres ocurran y tener leyes con enfoque precautorio es el único modo de evitar accidentes tan lamentables como el derrame en Sonora y la consecuente afectación a las personas y al medio ambiente. Asimismo debemos pugnar por tener normas adecuadas, así como sistemas de vigilancia y sanciones suficientemente fuertes para lograr el control de los vertidos al agua.
