Con el fin de garantizar la progresividad y el respeto de los derechos humanos, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre y el senador Gonzalo Yáñez propusieron reformas al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de los Derechos Humanos.
Lo anterior, permitirá homologar en todo el país que todas las personas gocen de los mismos derechos humanos y puedan ejercerlos de manera plena basados en principios y mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad.
En la fundamentación de la propuesta, los legisladores del Partido del Trabajo reconocen que a partir de la reforma de 2011, el Estado mexicano no otorga derechos, sino que los reconoce y todos los tratados internacionales de los que México es parte, se elevan a rango constitucional, conformando los bloques de convencionalidad y constitucionalidad; además de que se reconoce el principio pro persona y se establecen los principios de los derechos humanos.
No obstante, al no contar con una Ley General en la materia, cada entidad federativa del país dispone sobre los derechos humanos que gozan sus habitantes. En este sentido, los derechos humanos de los que una persona goza y los mecanismos para su garantía, varían de un estado a otro.
“Lo cual genera distorsiones en el sistema jurídico debido a que dependiendo de dónde viva la persona, ésta gozará y ejercerá de más o menos derechos humanos”, apunta la senadora Geovanna Bañuelos y el senador Gonzalo Yáñez.
Por ello, la coordinadora del Partido del Trabajo en el Senado y el legislador por Durango, sostienen que para evitar que la garantía y goce de los derechos humanos varíen dependiendo de la entidad federativa, proponen facultar al Congreso de la Unión expida una ley establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los distintos órdenes de gobierno y organismos autónomos para que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos, así como sus mecanismos de exigibilidad.
Asimismo, la ley establecerá las bases y principios para garantizar la horizontalidad, en materia de obligaciones de los derechos humanos.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, para su análisis y posterior dictamen.
