Intranquila descansa la cabeza del presidente del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, y no por las acusaciones que pesan en su contra por presunto boicot interno del tricolor, sino por un fantasma del pasado que lo persigue desde que dejó la gubernatura del estado de Campeche.
Fue a finales de 2019, poco antes de llegar a la presidencia del Revolucionario Institucional, que Moreno presumía con bombo y platillo la construcción del Puente de la Unidad, una mega obra que conecta Isla Aguada con Ciudad del Carmen; y que hoy, lejos de ser un sello de su buen gobierno, es una mancha oscura de la corrupción con la que administró.
“Este gran puente es palabra cumplida; a Carmen y a Campeche se le cumple, ¡porque se le cumple!”, presumía el entonces gobernador campechano; pero más extensa que la longitud del puente, el quinto más largo de Latinoamérica, es la deuda que el consorcio encargado de su construcción acusa, de un pago pendiente del que el político simplemente ya se desentendió.
En la primera parte de los 12 años que tomó la construcción de la estructura de 3.2 kilómetros de longitud que recorre el mar, Moreno Cárdenas denunció la falta de apoyo financiero del Gobierno Federal para solventar los gastos.
El gobernador reconoció que fue Enrique Peña Nieto fue el primer presidente en respaldar la obra. Después, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador otorgó 250 millones de pesos en la recta final de su construcción, con lo que aparentemente quedarían saldadas todas las cuentas.
Sin embargo, el consorcio integrado por ICA, Calzada Construcciones y Construcciones y Dragados del Sureste, responsables de su construcción, reclaman 109 millones 074 mil pesos que se habían garantizado con la inversión del presidente morenista.
De acuerdo con un reportaje de Arturo Rodríguez García publicado en la revista Proceso, titulado “Alito”, un megapuente y la estafa a la 4T, esta cantidad incluso fue referida por Javier Jiménez Espriú, cuando recordó que el propio presidente López Obrador se comprometió al pago de los recursos en abril de 2019, parado sobre la obra, aún en construcción.
Pese a esto, y a que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura (Seduopi) validó que la obra cuenta con un tiempo de vida de unos cincuenta años, el consorcio ha tenido que recurrir a instancias locales para que dicha dependencia proceda al pago del monto que sigue pendiente.
Desde este panorama, las constructoras alegan que la Seduopi ha recargado su argumento en diversas afectaciones, las cuales tienen origen en condiciones climatológicas adversas, otras por bloqueos realizados por personas ajenas a la obra, daños a una embarcación, ajuste de costos, costos indirectos y pagos tardíos de las estimaciones.
Mientras tanto, dicho monto, señalan, sigue creciendo, por el cálculo que resulte desde la fecha que se generaron dichos costos y hasta que sean cubiertos.
El pasado 13 de agosto la demanda de las empresas por el impago fue admitida a trámite por la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TSJA), aunque la historia de la obra se remonta a abril de 2017, mediante el contrato LO-90412996-E2-2017 por mil 298 millones 800 mil pesos.
Durante todo este periodo, se observaron distintos convenios modificatorios que en suma pasaron de plantear la fecha de entrega del Puente de la Unidad del 12 de noviembre de 2018 hasta el 31 de mayo del año siguiente.
Adicionalmente, cabe mencionar que incluso después de que el Gobierno de López Obrador asignara 250 millones de pesos a la obra, se iniciaron maniobras desde la Secretaría de Obras Públicas del estado de Campeche, aún a cargo de “Alito” Moreno para efectuar recálculos y hasta modificar cargos que desde dos años atrás se habían asignado.
Cuando el 28 de junio de 2019 finalmente se aceptó la “correcta terminación de los trabajos”, Jesús Pinto Elías, representante del Gobierno, estableció un periodo de revisión que se extendió por más de un año, hasta julio de 2020, cuando se firmó el acta de entrega-recepción de los trabajos.
No obstante, los oficios entregados por las autoridades dan cuenta de las modificaciones que a conveniencia se hicieron a los informes, que distaban del trabajo realizado.
En este sentido, en la demanda interpuesta, el Consorcio explicó que el 26 de junio de 2019, mediante el escrito CPU-GDP-CEX-141-19 se notificó a la SDU sobre la terminación de los trabajos, por lo que solicitó que se realizara el acta de entrega-recepción, además del Acta de Finiquito.
Sin embargo, ante el silencio de la autoridad y a “su actitud mal intencionada para evadir sus obligaciones de pago”, el 30 de octubre de 2019, el consorcio inició un juicio contencioso administrativo en el que se demandó la nulidad”, misma que fue resuelta a su favor el 5 de enero de 2021 por la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En este sentido, resaltó que la bitácora refleja que Moreno Rodríguez indicó que los trabajos de gabinete para llegar al finiquito de los trabajos iniciarían el 27 de julio de 2020, pero no fue hasta el 2 de junio de 2021 que se procedió con la emisión del Acta, en la cual además de reflejar una inversión total por mil 471 millones de pesos, el gobierno estatal determinó que le debían reintegrar 24 millones 803 mil pesos.
Este monto fue resultado de que se estableciera un pago a favor del gobierno por 25 millones 389 mil pesos debido a deductivas a los ajustes de costos, monto al cual las autoridades debían restar 116 mil 996 pesos por concepto de peajes, además de 468 mil 843 pesos por paro de actividades en maniobras de trabes. A esto se le suman otras discrepancias que el consorcio observa en torno al acta de finiquito, que derivaron en el caso ante el Tribunal.
Del monto general, 3 millones 281 corresponden a las erogaciones que se realizaron por el hundimiento del empujador denominado “Capitán Thomas”, mismo que colisionó con un tubo de acero que se encontraba en el lugar de las obras y que no había sido debidamente notificado a la empresa cuando recibió el lugar de los trabajos, para iniciar con la edificación del puente.
Mientras que otros 770 mil pesos se agregarían debido a la falta de pago oportuno de las estimaciones, atraso que el consorcio refiere se habría registrado desde noviembre de 2018, y que nuevamente se habría presentado en octubre de 2019. De acuerdo con la interpretación de las empresas, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación las tasas de recargos para 2017 serían de 0.75% sobre los saldos insolutos, y de 0.98% en el caso de aquellos acumulados entre 2018 y 2021.
Al momento, además de los 109 millones 074 mil pesos, ICA, Calzada Construcciones y Construcciones y Dragados del Sureste exigen un pago de pago de otros 15 millones 406 mil pesos por los gastos que se habrían generado por circunstancias de fuerza mayor.
Mientras el caso avanza lentamente, el consorcio acusa que “la autoridad demandada, que por disposición de Ley está obligada a formalizar el acta circunstanciada de la suspensión se escuda en su propio dolo de negar la formalización del acta de tal suspensión para impedir ilegalmente a la contratista el derecho al cobro”.
Actualmente, la admisión a trámite del caso, iniciada el 13 de agosto del año pasado, es la luz de esperanza para que el consorcio obtenga justicia, mientras Alito Moreno se hace de la vista gorda, enfocado en sus intereses partidistas.
