La diputada María del Carmen Pinete Vargas (PRI) propuso exhortar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a que evalúe la posibilidad de incorporar en los libros de texto gratuitos contenidos para concientizar a los estudiantes sobre temas migratorios.
También planteó que el Instituto Nacional de Migración (INM) lleve a cabo campañas de sensibilización, dirigidas principalmente a estudiantes de educación básica, sobre la atención de migrantes y refugiados extranjeros, así como las condiciones en que éstos viajan por motivos de desplazamientos forzosos o desastres naturales.
En un punto de acuerdo que presentó en la Permanente y que analiza la Segunda Comisión, Pinete Vargas señaló que, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), los extranjeros que están en situación irregular en el país son particularmente vulnerables a la discriminación.
Según el Conapred, las personas que viajan sin documentos están expuestas a un daño mayor porque, por carecer de visas o permisos, temen denunciar abusos y vejaciones. “Tal panorama se potencia, pues cualquier injusticia no tendrá consecuencias para quien lo cometió. Además, los migrantes temen a las represalias y desconfían en el sistema de procuración y administración de justicia, lo que provoca impunidad”.
Mencionó que esta discriminación es doblemente padecida por las mujeres, niñas y niños migrantes, quienes sufren de acoso y malos tratos en situaciones de detención, además de que son orillados al trabajo doméstico clandestino y ser objeto de prostitución, abusos sexuales y agresiones físicas y sexuales en las operaciones de trata.
A principios de julio, relató, la SEP anunció el inicio de la reelaboración de los libros de texto gratuitos, con base en el “Modelo Pedagógico” y el “Plan y los Programas de Estudio para la Educación Básica: Aprendizajes clave para la educación integral”, donde se refiere a los migrantes internos del país y más concretamente a los jornaleros agrícolas y, en menor medida, a los repatriados de Estados Unidos a México, pero de ningún modo “a los extranjeros o refugiados que se internan al país, provenientes de Centro y Sudamérica o de otras partes del mundo”.
Por ello, consideró necesario un cambio cultural en el que haya una sensibilización de las condiciones en que viajan las personas migrantes, ya que “la mayoría lleva muy pocos recursos y miles transitan en trenes de carga hacia el norte del país, lo que pone en peligro su integridad”.
La integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos argumentó que, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a julio de 2016 el número estimado de personas que cruza la frontera sur de México de manera irregular al año es de 400 mil; las solicitudes de asilo de personas aumentó, entre 2013 y 2015, en 162 por ciento, y se preveía que, a finales de 2016, la población de refugiados sería entre 8 mil y diez mil personas.
Además, 36 mil niños fueron detenidos por las autoridades migratorias mexicanas en 2015 y, de ellos, 18 mil no estaban acompañados; 46 mil 887 personas del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, fueron detenidas por las autoridades migratorias mexicanas entre enero y abril de 2016 y, en ese mismo lapso, en los albergues para refugiados estaban alojadas 585 personas.
Puntualizó que el Conapred señala que la mayoría de los migrantes se van de sus países por causas económicas; sin embargo, también existe un número importante de personas que huye de situaciones de violencia, así como de los desastres de origen natural.
El documento, que también suscribe la diputada Sofía del Sagrario de León Maza (PRI), precisa que el “Modelo Pedagógico” y el “Plan y los Programas de Estudio para la Educación Básica: Aprendizajes clave para la educación integral”, omiten toda referencia a los desastres de origen natural o antrópico y, por lo tanto, tampoco los consideran entre las causas que obligan a los desplazamientos forzosos.
Ello, a pesar de que la UNESCO, en su más reciente Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2016, dado a conocer el pasado 6 de junio, señala que la educación es fundamental para la preparación frente a desastres.