El pasado 31 de enero de 2022, la Jueza Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió un amparo a diversos investigadores adscritos a universidades privadas para el efecto de que no les sea aplicable la reforma al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores de abril de 2021, por cuanto a su exclusión de la posibilidad de recibir estímulos económicos del Sistema Nacional de Investigadores a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por el simple hecho de realizar su investigación y trabajo académico dentro de universidades privadas.
Son los artículos 61 y 62 fracción I del Acuerdo por el que se reforma el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de abril de 2021, los que disponen que para recibir los apoyos económicos por la distinción como miembros SNI que reciban los investigadores, tendrán que ser personal activo, vigente y remunerado en alguna institución pública de educación superior o en algún centro de investigación del sector público en México, excluyendo de esa posibilidad a aquellos investigadores que se desempeñen en alguna universidad privada.
Previo a dicha reforma, el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores establecía el derecho a recibir apoyos económicos con independencia de si el investigador se encontraba adscrito a una institución pública o privada. Fue en contra del cambio a dicha normativa en abril de 2021 que los investigadores de diversas universidades privadas decidieron promover juicios de amparo por considerar que excluirlos de la posibilidad de recibir el apoyo económico aun y cuando obtengan la distinción SNI, es violatorio de sus derechos fundamentales como investigadores cuya labor aporta al desarrollo académico, científico, tecnológico y de innovación en el país.
Luego de haberse concedido diversas suspensiones para que durante el trámite de los juicios no se aplicaran las reformas al Reglamento, el pasado 31 de enero de 2022 se emitió la primera sentencia definitiva por una Jueza de Distrito, concediendo el amparo por considerar que excluir a los investigadores del sector privado de recibir el apoyo económico implica un trato diferenciado injustificado frente a aquellos investigadores adscritos a instituciones o universidades públicas. Máxime que la entrega de dichos apoyos sin distinguir la institución en la que se desempeñe el beneficiario, ha sido una herramienta para garantizar la libre investigación y, en consecuencia, el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en México.
La sentencia establece que los investigadores tendrán derecho a seguir disfrutando de los apoyos económicos independientemente de si desempeñan sus labores académicas y de investigación en una universidad pública o en una privada. Si bien dicha determinación aún puede ser recurrida en una segunda instancia ante un Tribunal Colegiado por parte de CONACyT, se trata de la primera sentencia emitida por la justicia federal que resuelve uno de los múltiples juicios promovidos por la comunidad científica y académica en contra de las controversiales reformas al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores.