Debe el Poder Judicial del Estado de México informar sobre el número de solicitudes de aplicación de amnistía, a personas campesinas o pertenecientes a pueblos originarios, comunidades indígenas o afro mexicanas, además se debe conocer el estatus de cada petición, así como las personas beneficiadas y lugar de origen y por delitos imputados.
Así lo solicitó el Congreso mexiquense, en un punto de acuerdo expuesto por la diputada Claudia Desiree Morales Robledo, quien especificó que se refiere a casos que están privados de su libertad por temas como la defensa legítima de su tierra, recursos naturales, bosques o sus usos y costumbres, que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua o cultura.
También se toman en cuenta casos como situación de pobreza extrema, notoria inexperiencia y extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, por temor fundado o porque hayan sido obligados por la delincuencia organizada, que se pueda comprobar.
De igual forma, exigen a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México que informe sobre las solicitudes de aplicación de amnistía a las que ha dado trámite en los supuestos contemplados en la ley en la materia.