En la alcaldía Tlalpan, ninguno de los 250 servidores y servidoras públicas que conforman la plantilla de trabajadores de estructura se encuentra en el listado de Deudores Alimentarios Morosos, así lo indica el informe entregado por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la CDMX al gobierno de la demarcación.
A petición de la alcaldesa, Alfa González Magallanes, se solicitó la revisión que tiene como propósito saber si la titular del gobierno, directores generales, directores de área, subdirectores, jefes de unidad departamental y líderes coordinadores cumplen con el pago de pensión alimenticia, el cual incluye provisión para comida, vestido, habitación y asistencia en casos de enfermedad.
El informe se desprende de la búsqueda correspondiente que realizó el órgano administrativo capitalino en su registro de Deudores Alimentarios Morosos para responder a la solicitud que hizo la Alcaldía antes de la firma de la Declaratoria “3 de 3 en Contra de la Violencia hacia las Mujeres de manera ampliada”.
En los casos en donde los servidores sean deudores alimentarios, tengan denuncias en su contra relacionadas con delitos contra la libertad sexual o intimidad corporal, o hayan sido denunciados por violencia familiar o doméstica, dicho documento les impide ser contratados en cargos de la administración pública, de acuerdo con la Declaratoria 3 de 3.
Este reporte de la Consejería Jurídica se suma al compromiso anunciado por el Gobierno tlalpense de eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres y además refleja el cumplimiento de la Alcaldía con lo establecido en la Ley Orgánica y en la Constitución de la Ciudad de México, en materia de erradicar la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres.
Cabe precisar que la iniciativa 3 de 3 es resultado de la lucha feminista y de las defensoras de derechos humanos que culminó en octubre de 2020 con la aprobación de la Ley 3 de 3 Contra la Violencia de Género, además de la adición y reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (en abril de ese mismo año), así como la adhesión de todos los partidos políticos a la campaña HeforShe (2017), promovida por ONU Mujeres, para implementar protocolos de prevención, atención, sanción y reparación del daño en casos de violencia contra las mujeres.