La presencia de nuevas prácticas delictivas en la comercialización de restos humanos obliga a actualizar la norma jurídica para sancionar de manera justa y adecuada, el tráfico de cadáveres humanos y combatir el mercado negro de huesos humanos, planteó el diputado federal Fausto Gallardo García.
En su propuesta, propuso reformar el artículo 280 del Código Penal Federal, mismo que refiere el acto de exhumación sin los requisitos legales o con violación de derechos; la adición sugerida consiste en instaurar que sí los actos tienen como finalidad promover la enajenación y/o comercialización del cadáver o restos humanos, la pena de prisión sea de cuatro a ocho años de prisión y multa de hasta dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente; que a valor actual equivaldría a 192 mil 440 pesos.
El diputado explicó que el tráfico de cadáveres humanos es una práctica que se presenta en diversos cementerios del país y no debe tolerarse por ningún motivo, de ahí, la urgencia, insistió, de que se garantice el derecho humano residual, el derecho humano a la dignidad de las personas tras su muerte.
Con la reforma propuesta, recalcó el legislador del PVEM, no sólo se incrementa la sanción punitiva para la profanación de un cadáver o restos humanos, también se salvaguarda el trato con respeto, dignidad y consideración de un difunto.
Gallardo García recordó que investigaciones periodísticas, han dado cuenta de que el mayor número de lápidas y tumbas saqueadas por trabajadores de estos espacios, se reportan en la alcaldía de Iztapalapa; pero esta situación se suscita en otras entidades federativas, donde el comercio de partes humanas, vía internet, es un “negocio redondo”.
Otro caso reciente, es la exhumación de los restos de un infante, mismo que el 10 de enero de 2022, fue encontrado en el basurero del penal de San Miguel, Puebla, situación que causó indignación social, los restos óseos fueron exhumados ilegalmente de un panteón de la Ciudad de México.
