La diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, secretaria de la Comisión Derechos de la Niñez, impulsa una iniciativa que reforma el artículo 116, fracción X, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para establecer que de manera concurrente, las autoridades federales y locales deben adoptar inmediatamente todas las medidas que permitan su localización.
En el documento, que analiza la citada comisión para su dictamen, se indica que en los últimos 10 años han desaparecido en México más de 30 mil personas, de las cuales una tercera parte son menores de edad y adolescentes de entre cero y 19 años de edad, lo que coloca al país en los primeros sitios a nivel mundial por violencia contra este sector.
Señaló que la desaparición, sustracción, traslado y retención ilícita de menores se ha convertido en un problema que los acecha constantemente y vulnera sus derechos. “Pocos son localizados, pero muchos de ellos no son encontrados nunca, o al menos con vida; vivir sin saber qué ha sido de un familiar es la trágica realidad que enfrentan miles de familias”.
El documento, turnado a la comisión de Derechos de la Niñez, señala que de siete mil 211 menores y adolescentes que permanecen sin localizar, 64.73 por ciento oscilan entre los 15 y 19 años; 26.4 por ciento, entre 10 y 14 años; 5.5 por ciento, entre los 5 y los 9 años, en tanto que 6 por ciento tiene de 1 a 4 años de edad.
Según datos del último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay alrededor de 40.2 millones de niñas, niños y adolescentes, que constituyen un tercio de la población total. De ellos, 14.7 millones, son adolescentes de entre 15 y 19 años, mientras que las niñas y niños de entre cero y 14 años de edad, suman 25.4 millones.
A pesar de contar con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, persisten aspectos “que representan mayor riesgo para este grupo tan importante, como la desaparición”, que se da por diversos motivos.
“Son sustraídos de hospitales, de sus hogares o robados en la vía pública, con diversos fines, como la trata o tráfico de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud. Todo ello representa una de las violaciones más graves de sus derechos humanos, atentando contra su libertad y su dignidad consagradas en la Constitución”.
Por ello, la diputada por Morena dijo que es indispensable optimizar y tecnificar la búsqueda y localización de menores extraviados, robados o ausentes, pues las primeras 48 horas son claves para encontrarles con vida y evitar que sean víctimas de otros delitos, como adopción ilegal, trata y explotación sexual o para evitar su traslado a otro país.
“La búsqueda inicia con métodos comunes de rastreo en hospitales, clínicas, albergues, el Servicio Médico Forense, entre otros. Pocas veces se emplea trabajo de inteligencia que lleve a la captura del sustractor o de las bandas organizadas en el menor tiempo posible”.
Cárdenas Mariscal afirmó que las autoridades deben realizar y ejecutar medidas de acuerdo a principios que garanticen un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos, puntualizó.