La Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México no ejercen su autonomía constitucional. En el primer caso es inadmisible que una institución de justicia continúe sin ejercer directamente el presupuesto que por mandato de ley le corresponde manejar y que en los hechos no hace.
Al respecto, el diputado Gerardo Ulloa Pérez, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la 61 Legislatura local, aseveró que José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General está obligado a exigir a la Secretaría de Finanzas la transferencia del presupuesto que autorizó el Poder Legislativo local a ese órgano autónomo para su funcionamiento de este año.
Explicó que de acuerdo a los resolutivos de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México del Ejercicio Fiscal 2020, determinados por la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización se acordó la FJGEM administre y controle los recursos públicos que a través del Presupuesto de Egresos se les asigna.
Para ello es necesario que la fiscalía realice las gestiones aplicables y pertinentes ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, de lo contrario, dijo “sino va a pasar otra vez como lo del OSFEM, que hicieron estas observaciones, queremos que den una respuesta y que tengan la libertad de autonomía en el tema financiero, porque se presta a que como dice el dicho “el que paga manda”.
