Para lograr el derecho humano a una buena administración pública es necesario establecer las vías para reparar a las y los afectados, así como construir las garantías para que no se repitan las conductas o actos que impacten negativamente en la vida plena de las personas y en el ejercicio de sus derechos y no solo poner énfasis en sancionar hechos de corrupción.
Así lo expuso Myrna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), al proponer llevar a sede constitucional el derecho humano a una buena administración pública.
Al respecto, el investigador de la UNAM Miguel Alejandro López Olvera explicó que el derecho a una buena administración pública se ejercerá cuando la normatividad incluya las condiciones para cambiar el concepto de administración pública y se aplique a todas las instituciones, cuando se incorpore a las leyes, para dar a las administraciones las bases para el garantismo y el humanismo, construidas sobre la realidad de las deficiencias y las malas prácticas en los ámbitos federal y local.
En ese sentido, García Morón explicó que la inclusión del derecho humano a la buena administración en el debate constitucional, es importante para los operadores jurídicos de la jurisdicción administrativa, del sistema anticorrupción del país y del sistema no jurisdiccional de defensa de los derechos humanos desde un enfoque que ponga en el centro a la persona y su dignidad.
Mientras Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, promotor de este derecho, expuso que el derecho humano a la buena administración representa la garantía de un sector público eficiente y la tarea de construir un sistema de personas que respeten el Estado de Derecho desde la centralidad de la dignidad humana
