Lo que puede iniciar como un aspecto legal, en algunos casos puede convertirse en uno ilegal, al respecto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) emprendió un ejercicio que no se hacía hace 25 años, se realizó un ejercicio de comprensión para las autoridades municipales que son los primeros respondientes, pero pueden llegar a ser los primeros perpetradores de lo que puede iniciar con una desaparición forzada.
Así lo explicó Myrna Araceli García Morón, presidenta de la CODHEM, dijo se empezó con la revisión de espacios físicos provisionales de detención y no solo los de las fiscalías u oficinas regionales, también en sitios administrativos.
Al participar en el panel “La desaparición de personas en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, de la Jornada “El delito de desaparición en el Estado de México. Causas y efectos”, en el que señaló la influencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), como precursora y ente que transformó el sistema jurídico mexicano.
Agregó que desde hace una década se incorporaron nuevos contextos, ya no se trata solo de los regímenes totalitarios, también existen otras razones que pueden configurar elementos de desaparición forzada: la violencia intrafamiliar, los feminicidios, los migrantes, el reclutamiento de menores para alistarse a filas de la delincuencia organizada.
Para estos casos dijo que la Corte Interamericana determinó que la desaparición de personas es un delito en el que se violan múltiples derechos protegidos por la Convención Americana y coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, que se agrava justo cuando existen patrones sistemáticos, aplicados o tolerados por el propio Estado, y ha afirmado también que la práctica sistemática de la desaparición forzada de personas constituye un crimen de lesa humanidad, que subsiste en tanto se desconozca el paradero de la víctima y de sus restos.
