La Comisión de Desarrollo Social, que preside el diputado Víctor Manuel Silva Tejeda (PRI), aprobó dos dictámenes que reforman la Ley General de Desarrollo Social; uno, para que la denuncia popular que presenten los beneficiarios de programas sociales por daños a sus derechos, pueda ser anónima ante la autoridad competente y, el segundo, para armonizar la norma con el nombre de Ciudad de México.
El primer dictamen, que adiciona un párrafo al artículo 68 de la Ley General de Desarrollo Social, señala que dicha denuncia se debe sujetar a lo dispuesto en la legislación aplicable en materia de Responsabilidades Administrativas.
El documento, avalado en reunión de la instancia legislativa, señala que la ley prevé la “Denuncia Popular”, a fin de que los beneficiarios puedan “alzar la voz y hacer valer sus derechos”.
Sin embargo, precisa que la norma en vigor señala que para interponer esta denuncia, el demandante debe proporcionar datos personales como: nombre completo, dirección y demás información que permitan su identificación, “dejándolo potencialmente expuesto a represalias y, en el peor de los casos, a ser dado de baja y retirarle el beneficio de programas sociales”.
Por ello, indica, se propone que la denuncia popular sea anónima, ya que restaría vulnerabilidad al denunciante, facilitaría el acceso a la justicia y posibilitaría la investigación y sanción por actos indebidos.
Refiere que la problemática central es que “millones de personas que viven en condiciones de pobreza se convierten en presa fácil y potenciales clientes políticos en épocas electorales”.
La comisión también avaló otro dictamen que modifica los artículos 1, 9, 16, 17, 23, 27, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 42, 44, 56, 60, 61, 71 y el 74 de la Ley General de Desarrollo Social, con el objetivo de modificar la figura de Distrito Federal y sus delegaciones, para denominarlas “Ciudad de México y demarcaciones territoriales”, a fin de armonizar las disposiciones normativas.
El dictamen resalta que es indispensable homologar el marco jurídico para garantizar los derechos sociales de millones de personas de la Ciudad de México.
