Tras haber sido detenida de manera arbitraria, junto con su hija de un mes de nacida, y haber sido sometida a actos de tortura y múltiples violaciones a derechos humanos por parte de agentes del Estado, así como discriminación por razones de género por las autoridades judiciales encargadas de su proceso , Keren Selsy Ordoñez busca justicia y que se revierta el círculo de impunidad que la ha mantenido privada de su libertad durante casi siete años.
A sus 19 años, Keren tuvo a su primera y única hija, tras un parto complicado que puso en riesgo su salud. Keren y su familia vivían en un contexto de pobreza y desigualdad económica y no contaron con ningún tipo de apoyo por parte del padre de la bebé.
El 11 de diciembre de 2015, a pesar de seguir convaleciente a un mes de haber parido, Keren salió de casa para encontrarse con su ex pareja para solicitarle recursos para la manutención de su hija. El domicilio se encontraba a un par de cuadras de donde ella vivía. Mientras lo esperaba en la entrada de la casa, vehículos de la Policía Federal y Policía Ministerial de Tlaxcala arribaron al lugar. Los agentes armados detuvieron a la ex pareja de Keren, a otro hombre que se encontraba en el lugar, a ella y a su bebé.
Los agentes del Estado subieron a Keren, con su hija, a un vehículo oficial,la sometieron a golpes,asfixia y la amenazaron con hacerle daño a la bebé e incluso desaparecerla, haciendo referencia a que, como aún no contaba con un acta de nacimiento, nadie se percataría de su ausencia.
Keren y su bebé pasaron al menos 7 horas incomunicadas. Durante ese tiempo, Keren fue interrogada sobre un secuestro acontecido al interior de la casa donde se encontraba su ex pareja,obligándola a firmar una declaración fabricada en la que reconocía haber participado en el secuestro, realizando labores de cuidado.
Horas más tarde, las autoridades ministeriales entregaron a la bebé al DIF estatal, sin dar aviso previo a algún familiar. La hija de Keren permaneció 12 días lejos de su familia, hasta que la abuela materna logró que las autoridades se la entregaran.
Aunque su ex pareja y padre de su hija, también fue detenido y procesado junto con Keren por el mismo secuestro, recuperó su libertad en 2019, tras cumplir una condena de cinco años de prisión. En contraste, el 20 de noviembre de 2019, el Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, en Apizaco, Tlaxcala dictó sentencia condenatoria en contra de Keren, imponiendo una pena de prisión de 50 años, por un delito que no cometió.
El 27 de septiembre de 2021 un Tribunal Colegiado concedió un amparo a Keren al considerar que se habían violentado derechos procesales y ordenó reponer el procedimiento hasta la etapa de instrucción.
Actualmente, el proceso continúa abierto y tras identificar las múltiples violaciones a derechos humanos e irregularidades durante su proceso, el Centro Prodh decidió asumir la defensa integral y representación de su caso.
El caso de Keren es representativo del uso discriminatorio del sistema penal contra las mujeres, cuando este no se aplica con perspectiva de género, ignorando las circunstancias de vulnerabilidad y violencia en las que se encuentran antes y durante la detención y el proceso.
