Las 50 regiones de emergencia ambiental reportaron durante la pandemia alrededor de 78 por ciento de los decesos a nivel nacional, además que debido a la contaminación ambiental su población padece diversos tipos de cáncer, mutaciones genéticas y retraso mental infantil, afirmó la doctora Aleida Azamar Alonso, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
En el Foro de investigación Aguas Subterráneas. Haciendo visible lo invisible, Agua subterránea y medioambiente, organizado por el Museo Gota de Agua de la UAM, la especialista enfatizó que el problema que enfrentó la población exhibe que México padece varias crisis a nivel general, pero dos muy relevantes son la causada por la COVID-19 y la ambiental, ambas de carácter sanitarias, que se conjuntaron en años pasados.
Inicialmente las regiones de emergencia ambiental se encontraban localizadas en Guaymas-Nogales; Manzanillo-Nuevo Laredo; Matamoros-Villahermosa; Acapulco-Veracruz; Tapachula-Manzanillo; Salina Cruz-Coatzacoalcos, y Villahermosa-Cancún, pero a la fecha se han ubicado casi 50, que se construyen sobre la base de plantear soluciones colectivas escuchando a las poblaciones de la zona, explicó.
“Esas crisis son ocasionadas por la devastación ambiental por más de tres décadas a causa de la actividad de compañías estatales, nacionales e internacionales, las zonas contaminadas alcanzan o superan los niveles de los peores lugares de contaminación ubicados en China, Indonesia, Estados Unidos, India y Ghana”, abundó.
Para estas regiones en México, en diciembre de 2019 un grupo de ciudadanos, periodistas y activistas internacionales –en la caravana denominada Toxitour– recorrieron seis zonas del país donde convergen diversas afectaciones ambientales y a la salud generadas por actividades extractivas y productivas.
Con un trayecto de más de dos mil 600 kilómetros, el contingente recorrió desde el municipio de El Salto Jalisco, cruzando el estado de Puebla; Dolores Hidalgo, Guanajuato, comunidades de Tlaxcala, municipios del Estado de México, concluyendo en la ciudad portuaria de Coatzacoalcos, Veracruz.
“Estos lugares son propiamente infiernos ambientales, aunque algunos los ven como paraísos industriales, lo cierto es que existe una grave contaminación ambiental por las actividades productivas”, expuso.
La selección de estos sitios fue resultado de más de 15 años de denuncia de colectivos ambientales articulados para contrarrestar las afectaciones por los diferentes emprendimientos de extracción de gas, por la minería, transgénicos, biopiratería, petróleo, monocultivos y de patentes sobre plantas tradicionales.
Gran parte de la resistencia socioambiental de las comunidades campesinas y organizaciones urbanas ha sido encabezada por mujeres, como en Alpuyeca, Morelos, donde se movilizaron para cerrar un tiradero de basura a cielo abierto, o el movimiento para defender el agua del Cutzamala. Su lucha ha sido a través de la denuncia social, mediante caravanas, mítines, carteles y conferencias.
La profesora del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco, dijo que a pesar de esos esfuerzos realizados es clara la omisión de las autoridades para reparar los daños al medio ambiente, por lo que se han causado más de 800 conflictos de orden ambiental motivados por la defensa de los recursos por parte de las comunidades.
Las zonas de contaminación están –directamente o indirectamente– relacionadas con los corredores urbano industriales postulados en el plan original de Desarrollo Nacional formulado por Ernesto Zedillo en 1996 para brindar una conexión expedita del este norteamericano con la Cuenca del Pacífico.
“El primer infierno ambiental se encuentra en Jalisco, donde se ha documentado la existencia de 700 empresas manufactureras de la rama química, electrónica, de alimentos, bebidas, de elaboración de plásticos y producción agropecuaria. Muchas de esas empresas arrojan miles de litros de agua sin tratar al río Santiago, que hasta los años setenta del siglo pasado era conocido como el Niágara mexicano”.
Ahora en ese cuerpo de agua se ha identificado la presencia de coliformes fecales que rebasan la norma 110 veces; los lodos de ese afluente contienen plomo, zinc, cobalto, amónico y níquel, aunque la afectación más grave es que los niños de El Salto y Juanacatlán presentan 98 y 80 por ciento de cadmio en la sangre, respectivamente.
También en la cuenca Independencia, una región semiárida, que está conformada por siete municipios de Guanajuato, en siete mil kilómetros cuadrados existen problemas graves por la explotación del agua subterránea, cuyo consumo excesivo empezó en los años 50 del siglo pasado.
Con la reforma al artículo 27 constitucional la extracción del recurso hídrico se incrementó debido al arribo de empresas trasnacionales que cultivan hortalizas de exportación como coles de Bruselas, fresas, frambuesas y arándanos; 85 por ciento de los mil millones de metros cúbicos de líquido que se extraen de la cuenca en más de dos mil pozos a 100 metros de profundidad es aprovechado por la agroindustria.
“Las zonas de emergencia ambiental sufren de impactos ambientales y sociales desde hace más de 50 años por las políticas de industrialización y extractivismo salvaje y la responsabilidad de la crisis ambiental recae en las empresas trasnacionales, nacionales y gubernamentales”, enfatizó Azamar Alonso.
En el foro también participaron las doctoras María Vicenta Esteller Alberich, investigadora del Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua de la Universidad Autónoma del Estado de México, y Elisabet Wehncke, del Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
