Israel aprobó una ley que autoriza la revocación de la ciudadanía o residencia permanente y una deportación a los condenados por terrorismo en el país, una medida orientada principalmente a atacantes palestinos.
Grupos de derechos humanos como la ONG israelí Adalah denuncian que la ley supone una “violación del derecho internacional” que “socava aún más el estatus precario de los palestinos bajo el régimen israelí”.
“La nueva legislación afectará a cualquier ciudadano o residente israelí que haya sido condenado por un delito de abuso de confianza contra el Estado de Israel, haya sido condenado a prisión efectiva por ese delito y se haya probado que la Autoridad Palestina le recompensa por ello”, concretó el comunicado del Parlamento.
El Parlamento israelí aprobó esta legislación con mayoría de 94 diputados de los 120 que participan en la legislatura.
Cabe señalar que la ley se aplica principalmente a palestinos con ciudadanía israelí o permiso de residencia en Jerusalén; algunos de ellos han sido detenidos con delitos de sangre tras cometer ataques con trasfondo político.
La norma también establece que “la ciudadanía o residencia de un terrorista” se deberá retirar cuando se demuestre que recibe dinero por parte de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), tras cumplir también su condena de prisión.
Tras esto los afectados por esta ley serán expulsados a zonas de Cisjordania bajo gobierno de la ANP o a la Franja de Gaza, después de que su residencia sea retirada por el Ministerio del Interior israelí tras una revisión previa con un comité consultivo y el consentimiento del Ministerio de Justicia.
Por su parte, el primer ministro de la ANP, Mohamed Shtayeh, condenó la aprobación de la legislación y la tachó de “racista” y de “flagrante violación del derecho internacional”.
A su vez, el grupo islamista palestino Hamás consideró la medida como parte de la “violación persistente de los derechos del pueblo palestino en su tierra y patria histórica”.
