El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados afirmó que el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade tendrá que presentar el jueves próximo ante el Congreso, una propuesta razonable para conformar el fondo nacional destinado a la reconstrucción de viviendas, edificios, hospitales, escuelas, calles y carreteras derrumbados, colapsados o dañados por los sismos de los días 7, 19 y 23 de septiembre; así como la restitución de servicios de agua potable a centenares de miles de personas afectadas.
Tras señalar que más de 700 mil mexicanos quedaron sin techo y que la reconstrucción de lo perdido pudiera llevar hasta dos años -de acuerdo con diagnósticos de expertos- Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador del GPPRD en el recinto de San Lázaro sostuvo que el reto que viene para el país en materia económica es serio si se considera que la Ciudad de México, el Edomex y Puebla resultaron ser de los más afectados y representan una cuarta parte del producto Interno Bruto nacional, a la vez que se estima que casi un millón de personas podrían ser arrojadas al subempleo como consecuencia de las afectaciones sufridas por unas 328 mil empresas.
En este sentido, el legislador federal señaló que además de la actuación inmediata y eficiente de las autoridades para dar certeza a la población dañada, es impostergable e inexcusable tomar medidas para destinar los recursos suficientes a la reconstrucción resultado de la emergencia, por lo cual todos los actores públicos y privados deben asumir su responsabilidad más allá de sus filias o militancias partidistas o intereses particulares.
Subrayó que las y los diputados del PRD harán el trabajo que corresponde para que haya un presupuesto acorde a las necesidades y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el país, sobre todo porque los más afectados son mexicanos en condiciones de pobreza; pero también advirtió que los apoyos deben considerar a todas las entidades afectadas sin discriminación ni sesgo político. Esto en respuesta a la Secretaría de Gobernación cuyo titular de Protección Civil informara que la reconstrucción en la Ciudad de México deberá ser con recursos locales ya que el Fondo de Desastres Naturales solo considera regiones en pobreza extrema y la capital mexicana no encuadra dentro del concepto.
Tras exponer que a la fecha, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha informado cómo se repartirá el dinero con el que se cuenta, Zambrano se sumó a la petición del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lacen) de la UNAM cuyo titular Ignacio Martínez, recordó que existe un fondo de cobertura contra desastres naturales por 6 mil 500 millones de pesos pero solamente cubre municipios o entidades que sufran sismos de 7.9 grados, por lo cual las entidades afectadas por el terremoto del 19 de septiembre no entrarían en la cobertura, contrario a Oaxaca, Tabasco y Chiapas cuyo evento fue de 8.2 grados, y es necesario entonces conocer las cláusulas de este fondo.
En este caso Jesús Zambrano expuso que el secretario Hacienda debe aclarar si el seguro es retroactivo al 7 de septiembre o solo aplicaría para 2018 y explicar cómo será financiada la reconstrucción si se ha señalado que no hay recursos del Fonden.
“José Antonio Meade debe aclarar estas contradicciones porque especialistas de Santander y Capital Economics afirman que el gobierno mexicano puede enfrentar la reconstrucción de las zonas afectadas y hay la certeza de que la recuperación por los desastres naturales no generará presión en la finanzas públicas porque se cuenta con 9 mil millones de pesos del Fonden, además de recursos por ‘bonos catastróficos’ emitidos apenas en agosto pasado por el Banco Mundial, por un monto de 360 millones de dólares (de los cuales 150 millones pueden ser empleados para reparar daños por sismos).
“Dice Enrique Peña que el monto para atender los daños es de 38 mil millones de pesos. Yo dudo que así sea, lo más probable es que sea mucho más; por eso aun cuando en las últimas décadas el debate y la atención pública se han concentrado en los recursos públicos que los partidos pueden aportar (algo así como 6 o 7 mil millones de pesos) la parte más importante debe venir de un recorte general del gasto del gobierno, de lo que le cuesta a la gente: Insultantes salarios de los altos funcionarios, gastos excesivos en oficinas, celulares, viáticos, gasolinas, aviadores”, expuso.
Añadió que todos los poderes deben poner de su parte: El Judicial y el Legislativo, así como de los órganos autónomos como el Tribunal Federal Electoral y el Instituto Nacional Electoral del cual, condenó la insensibilidad y falta de solidaridad de sus consejeros que se han negado a aportar por lo menos, el 5 por ciento de sus altos salarios para la reconstrucción.
El dirigente perredista aseveró que “los partidos políticos, especialmente los del Frente Ciudadano por México (PRD, PAN, MC) dijimos que renunciamos al financiamiento público, los diputados aportaremos un mes de salario para el fondo de reconstrucción; solo falta que el gobierno diga de dónde va a aportar”.
Ante el actual contexto, Zambrano Grijalva resaltó que el próximo jueves cuando el Secretario de Hacienda José Antonio Meade comparezca ante la Cámara de Diputados como parte de la Glosa del 5º Informe de labores de la Presidencia de la República, habrá que ver qué plantea: “Esperamos que sea algo razonable para conformar un fondo nacional suficiente y que esté sensible al reclamo social de que el ejercicio de los recursos sea ágil y alejado del burocratismo, abierto a la exigencia ciudadana para que la sociedad pueda vigilar y auditar su aplicación sin corrupción y un uso alejado de preferencias electorales para ningún partido político en vísperas de los comicios del 2018”, manifestó.
El diputado perredista añadió también sobre la necesidad de exigir reformas legales que fijen topes máximos a los salarios de los altos funcionarios públicos: Nadie debe ganar en el país más que el presidente de la República ni nadie más que su superior inmediato; también un mayor rigor en la aplicación de la ley a quienes violan las normas de construcción y que provocaron muertes no solo desde el ámbito público sino también el privado -tal cual sucedió con la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum o el Tec de Monterrey campus Ciudad de México, que pretende ampararse en la “confidencialidad” para no dar información. De igual forma, cumplir con el compromiso de un fiscal general autónomo (no al “pase automático”) y un fiscal anticorrupción que actúe con libertad.
“El PRD -añadió Zambrano- ha planteado la necesidad de un organismo de vigilancia especial con la participación de entidades de la sociedad civil. Ello supone desenmascarar a quienes como el PRI, quieren mezclar el tema del dinero público de los partidos, con la cancelación del pluralismo político de la vida nacional; así como a Morena cuyo dueño dice que aportará dinero público para la gente; pero manejándolo él directamente mediante un comité de incondicionales”. Ambos comportamientos: PRI y Morena son claramente oportunistas”, remató.
