La primera parte del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral alcanzó las 170 impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de las cuales 71 han sido admitidas a trámite por el ministro Alberto Pérez Dayán, encargado del caso.
De acuerdo con la última notificación pública en los registros del máximo tribunal del país, ya suman 163 controversias constitucionales por siete acciones de inconstitucionalidad, presentadas principalmente por partidos políticos, gobiernos estatales y municipios de oposición.
En contraste, el ministro Pérez Dayán ha desechado un total de cuatro impugnaciones en contra de las reforma a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre del 2022.
Esto, consiste en una acción de inconstitucionalidad promovida por el partido político de Jalisco ‘Hagamos’, así como las controversias constitucionales que presentaron los congresos de Guanajuato y Coahuila, así como el municipio de Cortázar en Guanajuato.
En el caso del partido político de Jalisco ya incluso impugnó la decisión del ministro Pérez Dayán, reclamación que le fue admitida y turnada a la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, para que elabore el proyecto de sentencia que será resuelto en las próximas semanas en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
