Para dotar a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) de mayores facultades de inspección, aplicación de medidas de seguridad y precautorias, de restauración y reparación del daño, así como para la imposición de sanciones, el coordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Leonel Luna Estrada, y la vocera perredista, Elizabeth Mateos Hernández, presentaron hoy una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de dicha dependencia.
La propuesta, turnada a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente Protección Ecológica y Cambio Climático, para su análisis y dictaminación, destaca que estas atribuciones permitirán ampliar el andamiaje jurídico para que la PAOT pueda resolver problemas de raíz y lograr una efectiva contención de los procesos de deterioro urbano-ambiental en la capital del país.
Así, la iniciativa sugiere que la dependencia tenga las facultades para iniciar procedimientos de inspección, a fin de constatar, en su caso, violaciones, falta de aplicación o incumplimientos de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial, para atender de manera eficaz y oportuna las denuncias que le presenta la ciudadanía.
Además, fortalecer la aplicación de las medidas cautelares (de seguridad, correctivas o de urgente aplicación) que se requieran para detener y evitar la consumación de daños o deterioros graves a los ecosistemas o a los recursos naturales o al entorno urbano, que afecten los derechos humanos o la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, así como la ejecución de las acciones necesarias para subsanar las irregularidades o afectaciones detectadas.
De acuerdo con la iniciativa, la PAOT tendría atribuciones para imponer medidas cautelares y sanciones, con el objetivo de consolidar al sistema de inspección ambiental y urbano de la Ciudad de México, en el cual participen las distintas dependencias y entidades del gobierno que cuenten con atribuciones en la materia, bajo criterios, lineamientos y orientaciones homogéneas.
Esto implica que las otras autoridades del Gobierno de la Ciudad de México conservarán y realizarán, también, actividades de inspección y verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental y urbana, y que la Procuraduría ejercería dichas atribuciones cuando atraiga esta facultad, previa coordinación con la autoridad competente.
Por lo que toca a la atención de las denuncias ciudadanas y las investigaciones de oficio en materia ambiental y urbana, se realizaría desplegando, caso por caso, las atribuciones de la PAOT que estratégicamente permitan brindar una respuesta más eficiente y oportuna.
El objetivo de la propuesta, se indica en el texto de la iniciativa, es convertir a la Procuraduría Ambiental en un organismo especializado en la realización de acciones de inspección, que cuente con la suficiente autonomía operativa para realizar sus actividades en los aspectos relevantes de la gestión ambiental y urbana de la Ciudad de México, a fin de fortalecer la aplicación de las disposiciones jurídicas en la materia.
También se prevé que su titular emita los lineamientos y criterios correspondientes para la implementación de los actos de inspección, a fin de evitar duplicidad de actuaciones y la falta de certeza jurídica hacia las personas obligadas a cumplir la normatividad.
Además de redefinir las reglas de operación de la PAOT, la iniciativa aborda aspectos de su estructura y del alcance de sus acciones, entre otros aspectos.
Cabe recordar que el 24 de abril de 2001, fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal; desde entonces este instrumento ha sufrido ocho reformas que han fortalecido a la dependencia, como institución garante de la defensa de los derechos de los habitantes de la Ciudad de México a disfrutar de un ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar, mediante la promoción y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas en esta materia.
