La diputada federal, María Rosete, presentó punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de la República y a sus homólogas de los 32 estados a realizar campañas de capacitación y sensibilización, enfocadas a su personal en materia de no revictimización, con la finalidad de garantizar que las víctimas de delitos sean tratadas con empatía, respeto, dignidad y estén en posibilidad de reunir los elementos para que el ilícito no quede impune.
Al respecto, la legisladora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), aseveró que la revictimización es problema alarmante en el sistema judicial y en la sociedad en general, toda vez que estigmatiza a quienes la sufren y es por eso que el Estado está obligado a tomar las medidas apropiadas, incluyendo leyes, para abolir o modificar prácticas que respalden la tolerancia de la violencia contra las personas.
En ese sentido, señaló que, si bien la revictimización es un problema que afecta a diversas personas, en diferentes contextos, lo cierto es que las mujeres han sido, históricamente, el sector más vulnerado en nuestra sociedad; reiteró que, pese al avance en la lucha por la igualdad de género, son ellas quienes siguen enfrentando un alto riesgo de sufrir violencia y abuso en su camino hacia la justicia.
Detalló que, a menudo, la recuperación de las agredidas es obstaculizada por actitudes y estructuras sociales que perpetúan la revictimización, causando que la mayoría prefiera no denunciar ante las autoridades, toda vez que prevalece el temor de ser vulneradas con comentarios realizados por servidores públicos, generando un sentimiento de violencia y poca protección debido a la falta de capacitación y sensibilización enfocada a la no revictimización.
“Es común que quienes están para auxiliar a las víctimas emitan comentarios inadecuados e incluso justifiquen los actos del agresor; dichas acciones son derivadas de una cultura de culpar a la víctima, ya que cuando una mujer denuncia un acto de violencia, a menudo se cuestiona su comportamiento e incluso las decisiones pasadas, perpetuando un ciclo de violencia y abuso”, denunció.
Por ello, la congresista por la Ciudad de México, sostuvo que el Estado tiene la obligación de cuidar que los procesos judiciales y posibles recuperaciones no se vean mermadas por falta de legislación, impartición de políticas y capacitaciones a los servidores por lo que, consideró fundamental que éstos tomen cursos de capacitación y sensibilización, a fin de salvaguardar los derechos de las víctimas.