Diputados de la Comisión de la Ciudad de México se reunieron con investigadores y expertos para analizar el impacto que sufrió esta metrópoli por los sismos del 7 y 19 de septiembre; sostuvieron que se requiere una norma legislativa que exija el cumplimiento para la prevención de desastres naturales y una normatividad adecuada para el uso de la alerta sísmica.
La presidenta de esta instancia legislativa, Cecilia Soto González (PRD), indicó que la reunión tuvo el objetivo de examinar si el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 refleja, de manera adecuada, la preocupación sobre cómo debe prepararse la Ciudad de México ante eventos catastróficos como los ocurridos recientemente.
“Debemos saber la forma adecuada para prevenir y mitigar los daños y qué es lo que debemos cambiar en cuanto a las normas en el presupuesto 2018”, apuntó.
Soto González externó su preocupación sobre la microcaracterización del riesgo sísmico, lo que significa que la norma y el reglamento tendrían que estar apoyados en estudios más pequeños y aplicar diferentes criterios, pues únicamente incluyen un periodo de oscilación y no varios.
Destacó su inquietud por las estrategias que se deben y pueden hacer por los edificios viejos y la proliferación de Apps para la Alerta Sísmica. Indicó que una de las pocas situaciones positivas del pasado sismo del 19 de septiembre, es que se detectó a las personas que viven en situación de riesgo.
Precisó que mañana, 24 de octubre, estiman reunirse con los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y el de Obras y Servicios Públicos, para profundizar en el tema, así como el presupuesto al respecto.
La diputada de Morena, Norma Xochitl Hernández Colín, precisó que existe un desdén por parte del andamiaje político hacia el saber científico, ya que los investigadores no están representados en la toma de decisiones y lo opuesto podría ayudar a evitar desastres.
Mencionó necesario generar mayor inversión para ciencia e investigación; actualmente es menor al 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), debajo del 1 por ciento promedio y lejano al 2.4 por ciento de la inversión de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Ante ello, “hago un llamado a atender esta gran necesidad que se deriva en la situación que padecemos actualmente”, expresó.
Resaltó que se destinaron 103 millones 682 mil 634 pesos para la elaboración y actualización del atlas de riesgo; sin embargo, a la fecha no se conoce cómo se ejerció el recurso.
El jefe del departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Víctor Manuel Cruz Atienza, sostuvo que existe un vacío legislativo, una norma técnica que exija el cumplimiento de ciertas características instrumentales y de algoritmos que se emplean para la detección de desastres.
Dijo que un alertamiento temprano y robusto podría reducir la cantidad de muertes; “se trata de un tema de seguridad nacional que no debe estar en manos de gente inexperta”.
El gobierno federal, declaró, “debe asumir la responsabilidad del alertamiento sísmico a nivel nacional sin dejarla caer en instituciones federales empantanadas; por el contrario, que se comprometan a tener eficacia de alertamiento. Asimismo, apoyarnos en más especialistas en sismología, ya que se requieren alrededor de 40 especialistas para atender más de 7 mil sismos que se registran cada año”.
Sugirió que los legisladores convoquen a un comité de expertos compuesto por sismólogos, ingenieros sísmicos estructurales y electrónicos en telecomunicaciones, a fin de evaluar de manera rigurosa el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) para garantizar que esto funcione mejor.
Indicó que si existiera un sistema de alerta tanto infalible como robusto y si la sociedad está instruida para aplicar protocolos de emergencia, “entonces el desarrollo de aplicaciones para reproducir la única alerta es razonable”.
Con expertos de Japón, comentó, se analiza cómo desarrollar un sistema de alerta en México y proyectos de investigación para reducir el riesgo. Además, pugnó por una mayor profesionalización de sismólogos, ya que eso “nos permitirá conocer más una amenaza y estar preparados”.
Gerardo Suárez Reynoso, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, enfatizó que la alerta sísmica es un sistema complicado donde falta la intervención de órganos de gobierno responsables de una normatividad adecuada para el uso de la alerta sísmica.
Ésta, reiteró, “es ideal para las escuelas porque los niños se educan a llevar a cabo simulacros y salir de las zonas de riesgo, pero no será útil para alguien que trabaja en un edifico de 12 pisos, por lo que tenemos que analizar qué podemos hacer ante ello”.
Asimismo, se requiere generar un sistema de financiamiento para los costos de operación, manteamiento y renovación tecnológica de todos los sistemas de instrumentación, ya sea la alerta sísmica o la red de acelerógrafos de la Ciudad de México y de la UNAM.
En materia de los atlas de riesgo, señaló que son elementos importantes para conocer el peligro en cada localidad y su grado de vulnerabilidad, pero no se recomienda para prevenir riesgos.
Del Instituto de Ingeniería Sismológica de la UNAM, Eduardo Reinoso Angulo, resaltó la falta de interés por parte de los gobiernos federal y locales, respecto a los riesgos sísmicos; “se encuentra en la prioridad número 45 de nuestra vida diaria”.
Mencionó que “no podemos dejar pasar el sismo del 19 de septiembre sin que no se resuelva cada uno de los casos donde alguien murió o cuando menos se revisen con detalle. Es una pena que los escombros de algunos edificios estén completamente recogidos porque no podemos hacer ningún tipo de ingeniería forense”.
Dijo que existe una enorme brecha entre lo que se hace en la investigación y lo que los gobiernos usan, porque éstos no voltean a ver los avances de la ciencia. “Sabíamos que esto iba a pasar, no en qué tiempo ni en qué forma, pero podíamos haber planteado muchos escenarios de la amenaza pero no le importó a las autoridades”, afirmó.
Subrayó que es fundamental mayor transparencia en el detalle de la construcción de los edificios y sostuvo lo difícil de alertar sobre el riesgo de un inmueble. “Aprovechemos este momento para hacer algo con los edificios viejos, porque no se deberían caer, a menos que estén muy mal mantenidos”.
Sergio Puente Aguilar, investigador de El Colegio de México, expresó que es irracional hablar de planificación urbana cuando se tiene un proceso fuera de la norma e ilegal. Llamó a los legisladores a ser coherentes en la implementación de la política pública, no sólo crear leyes sino cumplirlas. “La idea de un nuevo ordenamiento, es priorizar la prevención y no la emergencia o atención de la misma”.
Mencionó que a pesar de tener una política consistente, ésta debe serlo no sólo en norma sino en los instrumentos financieros, como el Fondo de Desastres Naturales (Fonden); “al analizar cómo se han manejado los fondos, nos damos cuenta que se ha invertido mucho en la atención de los desastres y muy poco en la prevención; es más fácil atender la emergencia, ya que abre un costo de oportunidad política”.
De 2004, cuando se crea el Fonden, a 2015 se han invertido 235 mil 453 millones de pesos. Si se hubiera destinado en prevención, se tendría un ahorro de 188 mil 362 mil millones de pesos, pero en ese lapso sólo se han invertido 2 mil 10 millones de pesos para tal propósito. Añadió que en la Ciudad de México sólo el 5 por ciento de los inmuebles están asegurados.
Puente Aguilar expuso que es vital ejercer recursos de manera eficiente y equitativa; pasar de la prevención de la emergencia a la atención; entender que la política de planeación urbana, de gestión de riesgos y medio ambiente son transversales y necesitan coordinarse; asumir responsabilidades sobre los seguros de inmuebles; revisar cómo se construye la ciudad, dónde se dan permisos y si se cumplen las reglas.
El Atlas de Riesgos es referente para asignar recursos de manera eficiente y equitativa, “tenemos la normatividad, pero somos un país de primera en el papel pero de quinta en su aplicación”.
Puntualizó que la alerta sí es un instrumento importante y el objetivo que debe tener es certificar los edificios uno a uno y etiquetar cuáles están en alto, bajo o muy alto riesgo. “No podemos por temor o ignorancia privar ese derecho a saber; lo más importante es que no evacuemos y tengamos la certeza de que es seguro”.
