Para el grupo parlamentario del PRI, el dictamen de las solicitudes de juicio de desafuero contra los diputados priistas Antonio Tarek Abdala Saad y Alberto Silva Ramos, es un asunto agotado jurídicamente, que no impide que las investigaciones continúen, aseveró su coordinador, César Camacho.
“Éste es un asunto terminado, jurídicamente hablando, desde el punto de vista nuestro”, respondió el líder parlamentario a pregunta expresa de la prensa sobre si el dictamen debería pasar al Pleno para su discusión y votación.
“Esto no impide, si el asunto está agotado en la Cámara de Diputados, que las investigaciones continúen a cargo de las autoridades estatales o federales que tienen abiertas carpetas de investigación. La inmunidad parlamentaria no es impunidad jurídica ni penal, de suerte que las investigaciones pueden proceder”, abundó.
El pasado 12 de octubre, la Sección Instructora turnó a la Mesa Directiva, con dos votos a favor y dos en contra, el dictamen de las dos solicitudes de juicio desafuero contra los legisladores, en sentido negativo, es decir, que son improcedentes, para que este órgano decidiera si pasaba o no al Pleno.
Ayer, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó solicitar a la Dirección General Jurídica de la Cámara de Diputados que haga una interpretación legal sobre el dictamen de las solicitudes de juicio desafuero de los diputados priistas.
César Camacho refirió que en el caso de Abdala Saad “hay una decisión de un juez federal que ha concedido una suspensión definitiva, lo que evidencia que el trabajo de la Procuraduría de Justicia de Veracruz es deficiente, y que parece que se le ha utilizado como un instrumento para hacer política cuando los asuntos de orden penal son de estricto derecho”.
“La Cámara de Diputados no debe ser espacio para la impunidad, pero tampoco para hacer eco de consignas políticas convertidas en trámites jurídicos”, concluyó.
