Para cumplir la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de proteger,
preservar y salvaguardar lugares y sitios sagrados, así como rutas de peregrinación de
pueblos indígenas, este día en la Secretaría de Gobernación (Segob) se instaló con
carácter permanente la comisión presidencial que se encargará de la coordinación de
las tareas en la materia. Entre ellas, el decreto establece que sus territorios no podrán
ser objeto de nuevas concesiones o permisos relacionados con la minería u otras
industrias que los afecten o deterioren.
El pasado 9 de agosto, el Ejecutivo federal firmó el decreto por el que se reconocen,
protegen, preservan y salvaguardan los lugares y sitios sagrados y las rutas de
peregrinación de los pueblos indígenas wixárika, náayeri, o’dam o au’dam y mexikan, el
cual marca un precedente en la historia de México al reconocer el derecho a utilizar sus
tierras para realizar rituales y ceremonias tradicionales y poner alto a las agresiones e
invasiones de externos.
La instalación de la comisión presidencial que cumple la demanda histórica de los
pueblos indígenas y reafirma la convicción de este gobierno estuvo encabezada por la
secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, junto con las secretarias de
Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María
Luisa Albores González; el director general del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes; y la titular de la Comisión para el Diálogo con
los Pueblos Indígenas de México (CDPIM) de Segob, Josefina Bravo Rangel.
La encargada de la política interna del país, en su calidad de presidenta de la comisión,
afirmó que lo que se está haciendo no sólo es resarcir los daños del pasado, sino
construir una nueva relación entre el Estado, los pueblos y la naturaleza. Estamos
construyendo una nueva modernidad y un modelo de vida para las próximas
generaciones.
Este decreto –subrayó– no solamente hace un llamado a las autoridades a respetar y a
promover las acciones necesarias para proteger el patrimonio cultural y natural, sino
que enuncia de manera muy clara y específica que estos territorios no serán objeto de nuevas concesiones o permisos relacionados con la minería, con las industrias que afecten el equilibrio ecológico y que tanto empresas nacionales como extranjeras muchas veces vinieron a destruir. “Así que hoy es un momento importantísimo y hoy nuestra tarea será cumplir y hacer cumplir este decreto que no expresa más que la voluntad milenaria de los pueblos y el anhelo de justicia”.
Destacó que uno de los compromisos prioritarios del presidente López Obrador fue
atender los derechos de los pueblos indígenas, por lo que, a través de diferentes
acciones a lo largo de estos cinco años, el Gobierno de México avanza:
“Esta acción marca un hito fundamental en la relación entre el gobierno, seres humanos
y naturaleza, porque no hay aspecto de mayor disputa política, simbólica, espiritual, que
el propio territorio.”
El director general del INPI y secretario técnico de la comisión, Adelfo Regino Montes,
puntualizó que es la primera vez que se establece la obligación de todas las autoridades
de promover las acciones necesarias para proteger el patrimonio cultural y natural, así
como el medio ambiente de los lugares sagrados.
Los lugares sagrados y rutas de peregrinación, recalcó, “no serán sujetos de concesiones
o permisos relacionados con la minería, esto lo establece la reciente reforma a la Ley
Minera que fue aprobada por el Honorable Congreso de la Unión y fue una iniciativa
enviada por el presidente de México y establece la misma obligación para todas las
industrias que pudieran afectar o deteriorar estos sitios sagrados”.
Los cinco lugares sagrados son Tatei Haramara, en la Isla del Rey, San Blas, Nayarit;
Hauxa Manaka, en San Bernardino de Milpillas Chico, municipio de Pueblo Nuevo,
Durango; Xapawiyemeta, en la Isla de los Alacranes, Lago de Chapala, Jalisco; Te’ekata,
en Santa Catarina Cuexcomatitlán, Jalisco; y Wirikuta, en Real de Catorce, San Luis
Potosí.
La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, en su calidad de integrante de la
comisión, manifestó que el gobierno del presidente López Obrador “no ha tenido miedo
ni ha cejado un segundo en reconocer lo que somos como país y en fortalecer todo
aquello que, por racismo, clasismo, por individualismo, por capitalismo desenfrenado,
por creer que lo más importante es el bien de unos pocos, es el negocio de unos
cuantos; sobre el bien común eso había que cambiarlo de raíz”.
Indicó que con este decreto histórico desde la dependencia que encabeza, a través de
cuatro Semilleros Creativos, se podrán preservar las lenguas con todas sus variantes, la
medicina tradicional, cultura alimentaria, arte y música.
También como integrante de la comisión, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, señaló que durante el
gobierno del presidente López Obrador se han hecho varios decretos y llevado a cabo
acciones legales que buscan beneficiar a los pueblos indígenas, como el que prohíbe la
siembra del maíz transgénico y el uso del glifosato, ya que se trata de una planta
sagrada que permite tener una conexión cultural directamente con la madre tierra.
Asimismo, se refirió al impulso de las reformas a la Ley Minera, que establecen
puntualmente que no se permite minería a cielo abierto en áreas naturales protegidas
(ANP) ni en fondos marinos. Comentó que, por instrucción del Ejecutivo federal, en esta
administración no se han entregado concesiones para hacer minería a cielo abierto y la
Semarnat cuida que no se lleven a cabo estas prácticas fuera de la normatividad.
Durante la instalación en el salón Revolución se presentó a la titular de la CDPIM,
Josefina Bravo Rangel, como suplente de la presidencia, y al coordinador general de
Patrimonio Cultural y Educación Indígena del INPI, Gustavo Torres Cisneros, como
suplente en la secretaría técnica de la comisión.
La representante del pueblo o’dam, Virginia Flores Flores, reconoció el apoyo del
presidente de la República y su equipo de trabajo, con el cual los pueblos indígenas se
sienten respaldados y visibilizados. Acentuó que con este decreto se da un paso sin
precedente por la certeza jurídica, no sólo para las generaciones actuales. sino para las
futuras.
El representante del pueblo wixárika, Rafael Torres Pinedo, dijo que los lugares sagrados
son la esencia de la vida, sabiduría y legado de los ancestros que se siguen conservando
a través de ceremonias, ofrendas y peregrinaciones. Apuntó que para su pueblo la firma
del decreto es un hecho histórico porque se reconoce legalmente a los lugares
sagrados: “una demanda de décadas”.
Del pueblo mexikan, la representante Eleuteria Campos Juárez resaltó que ningún
presidente había firmado un decreto para preservar los lugares y sitios sagrados, y
señaló que ahora corresponde a las madres y los padres de familia de los pueblos
indígenas inculcar a las nuevas generaciones las tradiciones y costumbres.
Igualmente, el representante del pueblo náayeri, Feliciano Díaz Valentín, solicitó a los
tres órdenes de gobierno cumplir con el decreto que nació como un plan de justicia y
reconoció el trabajo de las autoridades por cumplir su deber para respetar y garantizar
la cultura y creencias.
También estuvieron presentes como representantes de las dependencias integrantes
de la comisión presidencial, el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Daniel Octavio Fajardo
Ortiz; el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego
Prieto Hernández; y el subprocurador general de la Procuraduría Agraria, Alejandro
Chanes Ortiz.
Asimismo, la jefa de Oficina de la Dirección General de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua), Mayela Godínez Alarcón; y el coordinador de Documentación de la
secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, Abelardo Rodríguez Desales.
Como invitados asistieron: el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de
Educación (SEP), Luciano Concheiro Bórquez; las presidentas del Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (Conapred), Claudia Olivia Morales Reza; y del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Graciela Márquez Colín.
