La Cámara de Diputados, a través de la Secretaría General y la Unidad de Capacitación y Formación Permanente del Servicio de Carrera, presentó la conferencia magistral “La procuración y la impartición de justicia en México: Una deuda pendiente”, impartida por la doctora en Derecho por la UNAM, Leticia Bonifaz Alfonzo.
León Aceves Díaz de León, director general de la Unidad, señaló que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 que realizó el Inegi, el 93 por ciento del total de delitos cometidos no son denunciados y las causas son esencialmente por desconfianza o temor a las autoridades.
Indicó que el Informe Mundial 2023 Capítulo México sobre violencia e impunidad, emitido por Human Rights Watch, calcula que las autoridades resolvieron poco más del uno por ciento de todos los delitos presuntamente cometidos durante 2021.
Mencionó que para diversos expertos dimensionar la impunidad y comprenderla requiere ir más allá de calcular cuántos delitos se cometen, y compararlo con el número de sentencias porque hay una cadena de impunidad desde que se comete un delito hasta que llega a un juicio y a una sentencia y reparación del daño.
Además, dijo, la impunidad no es un asunto meramente jurídico, y habría que ver al menos dos dimensiones: los problemas de diseño y funcionamiento institucional; es decir, la fragilidad de las instituciones, de los operadores a cargo de la procuración y la impartición de justicia, así como las condiciones políticas-sociales que determinan la reproducción cotidiana y los contextos que la toleran, facilitan y justifican la violación de leyes.
Incluso, agregó, se habla de la impunidad como una patología de la vida porque no sólo causa un daño, sino hace que se retroalimenten otros males y que haya más violencia, corrupción y desigualdad.
Las y los abogados no saben de perspectiva de género
Aurora Aguilar, directora general del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, mencionó que un estudio realizado en el área de investigación de las facultades de Derecho de 37 universidades públicas, y en los Campus FES Aragón y Acatlán de la UNAM, arrojó que no se cumple el mandato constitucional de impartir educación superior con perspectiva de género.
Sólo la Universidad Benito Juárez de Oaxaca y la FES Aragón tienen una materia al respecto. Ante ello, observó que no sirve que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga un protocolo para juzgar con perspectiva de género si los abogados y abogadas no tienen idea de lo que significa esto, y preguntó ¿cómo superar el tema de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra para lograr que las abogadas y los abogados conozcan el significado de perspectiva de género?
Uno de los retos es la formación de abogadas, abogados y operadores judiciales
Leticia Bonifaz Alfonzo, doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostuvo que uno de los retos y problemas en la impartición y acceso a la justicia es la formación de las y los abogados y operadores judiciales.
Precisó que fueron educados en un Derecho muy distinto al que hoy se aplica, y no consideran en los asuntos el enfoque de derechos humanos, género e igualdad, tampoco los tratados internacionales, lo que implica una formación deficiente con una dinámica que no van a cambiar.
Consideró que de nada sirven los cambios legislativos si el patrón académico sigue sin adaptarse a la nueva realidad, ni se ha resuelto la sobrecarga de trabajo y saturación en los tribunales, cuyos largos proceso y tiempos que se tienen que cumplir provocan mayor dilación. Los procedimientos judiciales son rígidos y tardados, además de que no hay confianza en los órganos impartidores de justicia, enfatizó.
Destacó que en la procuración de justicia no hemos logrado que haya una profesionalización en el servicio de carrera en ámbito federal y local, con capacitación constante, la cual es muy importante.
El sistema judicial está saturado y es muy complejo por las instancias que deben cumplirse, es entrar a laberintos sin fin para solucionar el conflicto. Se requiere, dijo, un Derecho reductor de complejidad, identificar los cuellos de botella y despresurizar la sobresaturación de las instancias.
Refirió que tampoco se han fortalecido los órganos de mediación de conflictos, lo cual es muy necesario para acceder a formas alternativas de solución de problemas en un marco más flexible y no rígido como el que prevalece.
Asimismo, Bonifaz Alfonzo consideró importante cambiar el lenguaje de las abogadas y los abogados en la redacción y uso con los afectados, ya que es complejo e incomprensible.
La realidad ha cambiado mucho con reformas como la de 2011 sobre derechos humanos, que consideran un nuevo paradigma, pero en la formación de las escuelas no se contempla ni hay actualización de los planes de estudio.
Ello, provoca que no haya empatía y se deshumanice el proceso judicial. Pese a que la gente busca que se abra una puerta para solucionar el problema se enfrenta a una serie de dificultades y situaciones que no sólo son adversas, sino que generan dudas en cuanto a seguir o no el proceso, subrayó.
Por esa razón, no todos los asuntos llegan a los poderes judiciales, porque hay una idea clara de que entrar a buscar justicia en una procuraduría y en todo el sistema judicial es algo que va a llevar tiempo, desgaste, es tardado y exige dinero, por lo que “estamos muy lejos de la justicia pronta y expedita” cuando un juicio dura de dos a tres años mínimo, precisó.
“El acceso a la justicia es un derecho y hay que ver cómo se garantiza y qué tan eficaces son las garantías para ejercer ese derecho. Pese a que estén establecidos en la Constitución, no hemos dado las garantías para que así sea”.
Advirtió que las fallas empiezan en la formación de abogados, porque hay escuelas “patito” que han proliferado exponencialmente en toda la República y a nivel estatal se ven más las deficiencias en la formación de abogados y jueces locales, porque no tienen la misma formación y los presupuestos están muy castigados y reducidos.
Aunado a lo anterior, Bonifaz Alfonzo destacó la complejidad del sistema judicial mexicano, por lo que propuso identificar un mecanismo para que todas las procuradurías seleccionen los asuntos prioritarios y otros se desahoguen con los medios alternativos de solución de conflictos, porque la gente no recurre a ellos.