El gobierno federal expresó su desacuerdo con la decisión de un juez suplente de otorgar prisión domiciliaria por razones de salud al exprocurador de la Fiscalía General de la República (FGR), Jesús Murillo Karam, señalado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por lo que planea impugnar esta medida.
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj) emitió una declaración pública en la que criticó el cambio de medida, señalando que ocurrió durante la ausencia del juez titular del Reclusorio Norte, en un día no laborable, y se utilizó la festividad del Día de Muertos como distracción.
Tras una audiencia que duró más de 7 horas, un juez con sede en el Reclusorio Norte decidió imponer la prisión domiciliaria con un brazalete electrónico a Murillo Karam, debido a su edad avanzada y problemas de salud, lo que disminuye el riesgo de fuga después de numerosos traslados médicos.
Sin embargo, el exprocurador enfrenta otro proceso relacionado con delitos de tortura y desaparición forzada, lo que le impide regresar a su domicilio en una zona exclusiva de Ciudad de México. Permanecerá en la Torre Médica del Penal de Tepepan hasta que se emita una segunda resolución similar.
La Covaj aseguró que estará vigilante para garantizar el respeto a la legalidad y el debido proceso, así como el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos. También criticó la rapidez inusual con la que se tomó la decisión, lo que consideró como una posible amenaza a la justicia.
Además, advirtió que esta decisión podría conducir a la impunidad y cuestionó que el juez no tomara en cuenta el análisis de riesgo procesal presentado por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la FGR, que señalaba un alto riesgo de fuga.
Finalmente, la Covaj solicitó una revisión exhaustiva de la argumentación del juez que dictó la prisión domiciliaria, ya que consideran que tuvo la intención de justificar el cambio de medida cautelar más allá de las consideraciones judiciales.