Por cuarto año consecutivo, la Ley de Ingresos prevé la asignación de un monto equivalente a la recaudación estimada a partir del impuesto a las bebidas azucaradas para destinarse a programas de promoción, prevención, detección, tratamiento, control y combate (…) al sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas relativas, así como para apoyar acciones de acceso al agua potable para beber en las escuelas.
Sin embargo, esto no se ha visto reflejado en el presupuesto de acuerdo a un análisis elaborado por la consultora Probatio para la Alianza por la Salud Alimentaria.
En noviembre 2016 la propia Secretaría de Salud declaró emergencias epidemiológicas por obesidad y por diabetes, resaltando que es la primera ocasión en que un país declara una emergencia de este tipo por enfermedades no transmisibles, debido a la magnitud del problema. Tras la declaración se esperaba el anuncio de una serie de medidas para enfrentar estas declaratorias, sin embargo, nunca fueron presentadas.
Para la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la prevención es la estrategia de largo plazo más eficaz para revertir el grave problema de sobrepeso y obesidad en el mundo, lo que en México debería traducirse no en acciones aisladas, sino en una verdadera política de Estado.
Esta política de prevención debe contar con una visión estratégica y de largo plazo que utilice instrumentos legales, institucionales y presupuestarios para hacer frente de forma efectiva y transparente a la epidemia, más allá de una Estrategia con caducidad sexenal e intervenida por intereses privados.
De acuerdo a Atzimba Baltazar, consultora de Probatio, “el gravamen a las bebidas azucaradas y los alimentos con alta densidad calórica constituye una ventana de oportunidad, la cual ha sido desaprovechada por el actual gobierno”.
El análisis muestra que existe un importante desbalance entre los recursos recaudados por el IEPS a alimentos con alta densidad calórica y bebidas azucaradas, y el presupuesto que se destina a programas con componentes de prevención del sobrepeso y la obesidad o para garantizar el acceso al agua potable.
Para el 2018 la diferencia entre estos dos montos es de 29,710 millones de pesos, resultado de la diferencia de la recaudación estimada en 46,726 millones y el presupuesto asignado a estos programas de 17,016 millones. De este último monto hay que recordar que tan solo 1,189 millones está destinado a los bebederos y el suministro continuo de agua potable en las escuelas.
El IEPS es un impuesto denominado “extrafiscal”, que debe funcionar como instrumento de política pública, diseñado para corregir externalidades que el consumo de ciertos productos provoca en la población, a diferencia de un impuesto “fiscal”, cuyo objetivo es recaudar contribuciones para sufragar el gasto público gubernamental en general.
El estudio presentado narra algunas experiencias internacionales, que ejemplifican la forma en que un impuesto “extrafiscal” se devuelve a la sociedad en forma de bienes y servicios que buscan transformar un ambiente obesogénico en uno saludable.
Federico Cortés, consultor de Probatio declaró “como ejemplos de programas operados con recursos derivados de la recaudación están: el de acceso a agua potable, a alimentos saludables, educación nutricional y alimentaria, activación física, entre otros programas de salud, con énfasis en grupos vulnerables, así como inversiones no solo en escuelas, parques y espacios recreativos sino también en bibliotecas como ocurrirá en Filadelfia, Estados Unidos. A lo anterior se le ha denominado una normativa de segunda generación, que busca otorgar bienestar a la población permitiendo ahorros en gastos médicos, mejoras en su salud y por ende en su calidad de vida”.
Por su parte Fiorella Espinosa, investigadora en salud alimentaria en El Poder del Consumidor dijo “en México el único avance al respecto que surgió a raíz del impuesto es la implementación del Programa Nacional de Bebederos, sin embargo, tiene como limitante la ausencia de un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas en tiempo real”.
Una de las fortalezas de las experiencias compartidas es precisamente la existencia de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación en el ciclo de la política del impuesto, lo que permite monitorear y evaluar el uso de los recursos. Destaca además la creación de cuerpos colegiados, multidisciplinarios y libres de conflicto de interés que definen el uso de los recursos con base en las necesidades, además de dar seguimiento cercano a la política.
Finalmente, el estudio incluye tres recomendaciones puntuales que se pueden realizar de manera inmediata y que pueden ser un punto de partida para transitar hacia esquemas de “segunda generación”:
1) Aumentar a 20% el IEPS a bebidas azucaradas y equiparar el “piso mínimo” de gasto público para programas de prevención con el monto recaudado;
2) Hacer transparentes y monitorear los recursos destinados a la prevención del sobrepeso, la obesidad y asegurar el acceso al agua potable para diseñar acciones que realmente provean bienes y servicios efectivos y
3) Hacer transparente el avance de los recursos destinados a la instalación y mantenimiento de bebederos en centros escolares.
