El diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez (PRI) promueve un exhorto a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que haga públicos los avances y el estado que guardan los dictámenes de protección civil de las escuelas afectadas por el pasado sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México.
Señaló que de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información y Estadística Informativa de la SEP, se puede contabilizar que cerca de 2.8 millones de alumnos de nivel básico, atendidos por 201 mil 266 docentes en 9 mil 726 escuelas, no han tenido clases por no contarse con un dictamen que avale la ocupación de los inmuebles o el desalojo permanente.
Aunque existen alumnos que han regresado a clases paulatinamente, necesitan contar con la información exacta y certera del estado actual y valoraciones de sus centros de estudios.
Vargas Rodríguez indicó que varios centros educativos han sido abiertos y dictaminados como habitables o sin daños estructurales, “pero tal hecho, en muchos de los casos, ha sido de palabra, sin documento de por medio y no da seguridad a la mayoría de los directivos y estudiantes de los diferentes centros escolares”.
Algunas secretarías de la administración pública federal han realizado, censos, campañas y han otorgado apoyos a los afectados por estos lamentables hechos, aunque para este caso no han sido suficientes, ya que está en juego la educación de la ciudadanía, desde la básica hasta superior, comentó.
Manifestó que en fechas posteriores al evento sísmico determinaron inhabilitadas durante casi 20 días muchas escuelas que registraron un fuerte atraso en los planes de trabajo del ciclo escolar, en todos los niveles.
El legislador priista consideró que la problemática es grave y demanda la atención de los diferentes órganos de gobierno; “atención que, sin duda, alguna se ha brindado y ahora, a un mes de este acontecimiento, es importante contar con la información necesaria acerca de los dictámenes y estados de las revisiones realizadas a los inmuebles”, resaltó.
El punto de acuerdo remitido a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, plantea que con esta información se busca que la ciudadanía conozca exactamente los resolutivos y tenga un panorama más certero de los inmuebles que utilizan a diario sus hijos.
