La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, informó que 5 mil 974 viviendas de la Ciudad de México serán incorporadas al Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y a partir de la próxima semana se entregarán tarjetas de 120 mil pesos por daño total y 15 mil por afectación parcial.
Aseguró que concluyó el reparto de tarjetas en Oaxaca y Chiapas y “la gente ya está levantando sus casas”. Se inició la entrega en Morelos la semana pasada, ayer en el Estado de México, mañana en Puebla y la próxima semana, también en Guerrero y Veracruz, precisó.
En su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Desarrollo Metropolitano, de Reforma Agraria, de Vivienda y de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, puntualizó que a causa del sismo de septiembre pasado, en la capital del país 3 mil 624 de casas resultaron dañadas parcialmente y 2 mil 350 de manera total.
Aseguró que la Ciudad de México ha tenido el mismo tratamiento que las demás entidades en cuanto a la reconstrucción y se ha levantado un censo en coordinación con el Jefe de Gobierno y siete de ocho delegados, cuyas demarcaciones entraron bajo los criterios del Fonden, ya que su población reúne el requisito de los ingresos requeridos.
Detalló que únicamente la delegación de Álvaro Obregón decidió que no se levantara el censo, lo que impidió que la gente tuviera acceso a estos beneficios.
Adicionalmente, agregó, se pusieron en marcha mecanismos especiales en la capital del país para viviendas de sectores medios que no entran en la lógica del Fonden, pero que fueron afectados. Disponen de créditos de hasta por dos millones de pesos, con los que sólo pagan intereses.
Resaltó que se tiene un censo en el país de 184 mil viviendas dañadas de manera parcial a consecuencia de los sismos de septiembre y 55 mil de forma total. Se han recolectado más de dos millones de toneladas de escombros de miles de casas demolidas, “lo que es equivalente a varios Estadios Azteca”.
Refirió que se avanza en el proceso de entrega de tarjetas para la reconstrucción y otorgamiento de asistencia técnica. Además, se acompaña a los municipios para que haya nuevas reglas de edificación. “Son zonas sísmicas, por lo que se tiene que construir de manera diferente; tenemos que aprender de lo que sucedió y en ese proceso estamos”.
La funcionaria enfatizó que Sedatu no maneja “un solo centavo” de los recursos para la reconstrucción por los sismos, sino van directamente de Banobras a Bansefi. El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito entrega las tarjetas con base en el censo que se levantó con los tres niveles de gobierno y, para ello, se pidió a todos los presidentes municipales que estaban dentro de la declaratoria de emergencia, que firmaran la anuencia del finiquito del censo”.
Durante su comparecencia, Rosario Robles destacó que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) han logrado cifras record en otorgamiento de créditos para casas durante esta administración. “En tan solo cinco años, se construyó el 25 por ciento de las viviendas que se han hecho durante 45 años”.
Actualmente, destacó, el Infonavit puede otorgar un millón 700 mil pesos para vivienda, lo que permite a la gente vivir más cerca de su fuente de trabajo, uno de los objetivos de la política nacional de en la materia.
En el caso del Fovissste, apuntó, se ha implementado un segundo crédito para los derechohabientes y se ha puesto énfasis en políticas adicionales como subsidios focalizados en las personas que tienen ingresos menores de 2.6 salarios mínimos hacia abajo. “Es decir, se favorece a quienes realmente requieren un apoyo para su vivienda, además de que existe una lógica de inclusión”.
Comentó que durante la actual administración se modificó de forma importante la política de residencia. Primero, se amplió el tamaño de las casas a por lo menos a dos cuartos, principalmente para evitar el hacinamiento. “Durante los 12 años anteriores se construyeron muchas viviendas, pero de una sola habitación”.
Manifestó que esa dependencia federal puso en el centro el tema de urbanismo y metropolitano, bajo la realidad de que ocho de cada 10 mexicanos habitan en las ciudades y seis de cada 10 en zonas metropolitanas, y que esa población aporta 60 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) del país.
De igual forma, se crearon políticas novedosas como “Cuarto Rosa” y “Cuarto Adicional”, con resultados importantes. El número de acciones realizadas durante este sexenio es de más de 4 millones, entre vivienda nueva, usada y en renta. Además, creció el PIB y esta industria de la vivienda que estaba en crisis, hoy es un rubro pujante.
La reforma financiera, continuó, ha permitido una mayor competencia y, en consecuencia, las tasas de interés se mantienen estables a pesar de las turbulencias que se presentaron a principios de este año.
Al iniciar la ronda de cuestionamientos, el diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar (PVEM) consideró atinada la creación de la Sedatu, ya que es la punta de lanza para diezmar el hacinamiento en diferentes partes de la República; pero, sobre todo, en el cuidado y protección del medio ambiente y en las observaciones necesarias para que la infraestructura en materia de vivienda esté sobre piso seguro y suelo que soporte los embates de la naturaleza como los sismos.
Pidió conocer cuáles son los alcances de la nueva política de vivienda y de qué bases se parte para enfrentar el desafío de la reconstrucción en los estados afectados por los sismos de septiembre.
El diputado Jesús Valencia Guzmán (Morena) estimó que la Ciudad de México se ha sentido abandonada por el gobierno federal, sobre todo después de los sismos y en las delegaciones más afectadas.
Mencionó que, según datos de la delegación de Iztapalapa, cerca de 19 mil casas no pueden ser habitadas. Preguntó cuántas viviendas se tienen registradas con daños susceptibles de apoyo por parte de Sedatu y cuál es la razón por la que esta dependencia no se ha notado en la Ciudad de México.
En tanto, la diputada Olga Catalán Padilla (PRD) comentó que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2016 la Sedatu resultó ineficiente en el desarrollo de programas; más aún, la opacidad en la distribución de recursos y la información reportada derivó en el incumplimiento en metas y objetivos.
Asimismo, la ASF reporta subejercicio de recursos, falta de documentación en expedientes, acciones no concluidas, subsidios otorgados a personas ilocalizables, recursos no recuperados e incumplimiento en reglas de operación de los programas. Por ello, inquirió qué medidas se han tomado para corregir estas deficiencias en la aplicación de los recursos y qué seguridad se ofrece para que las malas prácticas administrativas no se repitan.
Del PAN, la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro expuso que en 2010 el Inegi, la Sedesol y Conapo realizaron el último estudio con respecto a delimitación de las zonas metropolitanas, por lo que inquirió: ¿qué acciones ha llevado la Sedatu para llevar a cabo una delimitación u actualización?
Sugirió que, de manera conjunta con la Comisión de Desarrollo Metropolitano de esta Cámara de Diputados, se realicen acciones a favor de las zonas metropolitanas y “acercarnos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública para seguir fortaleciendo estos municipios, en donde seis de cada 10 mexicanos viven en ellos”.
María Del Rocío Rebollo Mendoza, diputada del PRI, resaltó que para muchos municipios el estar cercano a otros, no importando su tamaño, fue motivo de buscar ser considerados Zona Metropolitana, lo que generó que se crearan o se etiquetaran por su dependencia. De acuerdo a Inegi y Conapo, hasta el momento hay 59 Zonas Metropolitanas.
En 2016 y 2017 se etiquetaron recursos para 46 de esas zonas, algunas con menos de 150 mil habitantes y otras, tan grandes como la Megalópolis con más de 20 millones de habitantes, lo que provocó que el recurso se dispersara. En ese sentido, cuestionó sobre los rubros que contemplan para fortalecer esas zonas metropolitanas pequeñas y medianas a que continúen en la categoría.
La presidenta de la Comisión de Vivienda, diputada Alma Carolina Viggiano Austria (PRI), llamó a valorar la política nacional en esta materia, más cuando se han emprendido grandes cambios, como el segundo crédito, casas más amplias, no hacerlas con una sola habitación, enfoque de género, de inclusión y certeza jurídica.
Estas modificaciones, dijo, han impactado social y económicamente al país. Además, pidió conocer información sobre los avances en materia de reconstrucción y la manera en que el buró de crédito puede impactar en el acceso a créditos para los derechohabientes al Infonavit.
Respuestas
Al dar respuesta, la secretaria Robles Berlanga destacó como acción relevante la creación de una política nacional de vivienda; la Sedatu se convierte en la rectora y cabeza de sector. Todos los organismos ejecutores de vivienda se coordinaron y ajustaron a los lineamientos nacionales.
Robles Berlanga aclaró que la Auditoría Superior evalúa el presupuesto y su ejercicio, pero los resultados los da Coneval y los indicadores en materia de vivienda han bajado durante el sexenio, lo que ha permitido mejorar las condiciones de vida de las personas. Sin embargo, se están desahogando las observaciones de la ASF.
La titular de la Sedatu habló también de la puesta en marcha de programas como Vivienda Joven, Vivienda para Migrantes, Construye en Tu Tierra, así como uno para No Afiliados, un programa piloto que deberá desarrollarse ampliamente, sobre todo porque la mitad de los mexicanos no están en algún esquema de seguridad social y requieren de atención en materia de vivienda, por ser su derecho.
Asimismo, refirió que actualmente más del 35 por ciento de las viviendas están escrituradas a nombre de una mujer, mientras que este porcentaje fue del 11 por ciento en el sexenio anterior, lo que habla de la perspectiva de género en dicha materia.
Igualmente, explicó, se tiene un enfoque muy importante de la seguridad y la no violencia hacia las mujeres, a través del programa de Ciudades Seguras para las Mujeres. “Identificamos puntos de riesgo en zonas de alta conflictividad, declarados polígonos de prevención de la violencia por parte de la Secretaría de Gobernación y, conjuntamente, se han iniciado esas urbes seguras para las ciudadanas”.
Resaltó, además, que el Registro Agrario Nacional (RAN) obtuvo el premio de transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en proyectos públicos de información, debido a que, por primera vez en una plataforma digital, es posible consultar todas las características de la propiedad social en México, quiénes son sus dueños, cómo está la propiedad social y su característica histórica, dando certeza en materia jurídica y patrimonial.
Robles Berlanga subrayó los avances de la Procuraduría Agraria en la conciliación y resolución de conflictos, tanto de terrenos nacionales como de problemas agrarios. “Ha trabajado con limitantes presupuestales porque la conflictividad agraria en el país es uno de los grandes temas”.
Expuso que se han resuelto conflictos emblemáticos y se disputan a nivel jurídico-judicial terrenos nacionales de gran valor que se han apropiado personas físicas y que requieren recuperarse para la nación, en los que el Tribunal Superior Agrario actuará con base en la ley.
Indicó que “se debe poner el acento en una visión integral que incorpore el enfoque metropolitano como un aspecto sustancial, pensando que el siglo XXI, es el de la reforma urbana por las características de nuestro país. Se han sentado las bases institucionales y legales para avanzar de manera considerable en esta perspectiva”.
“Hablamos de un cambio de paradigma y una reforma silenciosa que no se ha publicitado como las grandes reformas estructurales, pero que lo es”, enfatizó.
Afirmó que “venimos de un desarrollo urbano desigual, sin planificación y al que había que ponerle orden. Hoy la Secretaría es el eje rector que marca los lineamientos para todos los organismos nacionales de vivienda, independientemente de sus características y autonomías”.
Estimó que uno de los temas pendientes, es lograr mecanismos sólidos de gobernanza metropolitana que le den orden y capacidad de gestión y de recursos a las metrópolis. Se pugna por reconocer nuevas zonas “porque tenemos la limitante del número de habitantes que establecen Conapo e INEGI y que muchas veces no corresponde ese número en el papel a lo que verdaderamente se vive en la realidad porque son zonas conurbadas que ya conforman metrópolis”.
Para lograrlo, abundó, “se tiene que fortalecer a la Sedatu como un organismos rector en la materia metropolitana, a través de reformas que den más fuerza para generar políticas nacionales en esta materia, porque en el fondo queda a juicio del presidente o de la presidenta municipal”.
Resaltó que en el futuro, la Sedatu debiera ser el órgano concentrador de los Fondos Metropolitanos para que en esta visión, los recursos sean asignados con esta perspectiva, y “no solo la Secretaría tener este carácter transversal de ordenamiento del desarrollo metropolitano y coordinar en esta perspectiva a las otras dependencias. Sería un paso muy importante a dar en los próximos años”.
A las Zonas Metropolitanas, subrayó, no se les puede seguir viendo como islas. “Se tiene que ver en su integridad. Los niveles de coordinación son insuficientes mientras no tengamos gobernanza metropolitana real. Creo que este es el gran cambio y lo que va a permitir resolver en gran medida el tener políticas metropolitanas en todos los rubros: seguridad, vivienda, recolección de residuos sólidos, en materia del agua, movilidad y transporte”.
La funcionaria expuso que es una asignatura pendiente y pugnó porque en el proceso electoral que viene, sea uno de los ejes que estén planteando las y los candidatos, “porque para mí es uno de los grandes temas del país: el problema metropolitano”.
Mencionó que se puso en marcha un programa para ciudadanos no afiliados al Infonavit o Fovissste, “es casi la semillita de lo que debiera ser dentro de 45 años, el Infonavit de los no afiliados. Ellos ahorran un año, el ahorro es la garantía social, hipotecaria, federal; también funciona como garantía, se le da el acceso a un crédito y hay un subsidio por parte del Conavi”.
Este esquema, expuso, es viable, “porque el ahorro del año, se convierte en la garantía ante el banco, de que esa persona tiene capacidad de pagar un crédito. Se habla de meseros, taxistas y de todos los que estando en la economía formal, entre la informalidad y la formalidad, como son los tianguistas, los que venden en la calle, y que tienen un ingreso, pero que como no cotizan al Seguro Social no tienen acceso a estos esquemas de seguridad”.
