A diferencia de lo que sucede en otras regiones del mundo, en Latinoamérica el fantasma de la
transgresión a los derechos humanos se resiste y toma fuerza, pues la decisión de los fumadores para utilizar mecanismos para combatir el tabaquismo está lejos de ser respetado y promovido por las autoridades, ante la serie de disposiciones en contra de los instrumentos de riesgo reducido, como los cigarros electrónicos y
vaporizadores.
Por ello, ante el compromiso para defender el derecho a la autodeterminación, la organización civil sin fines de lucro Razón, Autonomía y Derecho (RAUDER), realizará la segunda edición del “Foro
Latinoamericano Nicotina y Reducción de Riesgo: Ciencia, Regulación y Activismo”, que tendrá lugar el próximo seis de febrero en la ciudad de Panamá.
Rafael Lara, presidente de la institución y maestro en Derecho con especialidad en Derechos Humanos,
dijo que la decisión de llevar a cabo el foro en la capital de Panamá responde a la necesidad de realizar un contrapeso informativo a la celebración de la décima edición de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco para el Control del Tabaco (COP10), de la Organización Mundial de la Salud, que tendrá lugar del cinco al 10 de febrero en esa ciudad.
Y lo que sucede, es que ante la opacidad y secrecía que ha caracterizado a las ediciones anteriores de la cumbre de la OMS y la intención de equiparar a los vaporizadores con cigarros de tabaco, resulta urgente exponer a la opinión pública una postura diversa a la restricción de las libertades para que los fumadores puedan apoyarse en instrumentos que han demostrado científicamente su eficiencia para combatir el tabaquismo, como el caso de los vaporizadores.
En países como Francia y Nueva Zelanda, los vaporizadores son parte de las políticas públicas de la estrategia de las autoridades para combatir el tabaquismo.
En Suecia, dichos dispositivos electrónicos han contribuido para lograr que dicha nación se enfile a constituirse como un país libre de humo de cigarro.
De acuerdo con estudios realizados por diversas instituciones británicas, los vaporizadores son 95 por
ciento menos dañino que los cigarros y han demostrado su eficiencia para que las personas abandonen el
tabaquismo.
Sin embargo, a pesar de dicha realidad, en países de Latinoamérica persisten dogmas y posiciones que
menoscaban la libre decisión de los ciudadanos para apoyarse en dichos dispositivos. En México, por
ejemplo, el gobierno federal ha emitido una serie de decretos para prohibir la importación y venta de los
vaporizadores, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió en octubre de 2021 que resultan anticonstitucional dichas disposiciones.
Así, bajo dicho escenario, Rafael Lara, presidente de RAUDER, considera que resulta necesario abrir espacios alternos a la COP10, como el Segundo Foro Latinoamericano: Nicotina y Reducción de Riesgo para
ofrecer a la ciudadanía información comprobada y científica sobre alternativas para combatir el tabaquismo y, con ello, los individuos tomen decisiones informadas, en línea con su libre autodeterminación, uno de los ejes rectores que defiende RAUDER.
“Encontramos urgente la necesidad de dar a conocer a la opinión pública una postura diversa a la restricción de las libertades individuales basadas en ideologías y exaltar la necesidad de que los organismos internacionales respeten los derechos humanos de empresas, usuarios e inclusive la prensa a participar activamente en foros como la COP que pretenden incidir en la vida cotidiana de millones de personas en el mundo”, comentó el especialista en derecho.
El Segundo Foro Latinoamericano Nicotina y Reducción de Riesgo contará con la participación de
especialistas, legisladores y activistas de diversos países de la región, quienes expondrán los desafíos y
oportunidades para promover alternativas de riesgo reducido que sean regulados como instrumentos que permitan combatir el tabaquismo.
RAUDER, por sus siglas Razón, Autonomía y Derecho, A.C. es una organización sin fines de lucro
conformada por expertos en diferentes campos del conocimiento que buscan difundir y defender los
Derechos Humanos y su respeto en el día a día de la sociedad.
El objetivo de la organización es incidir en la sociedad y las políticas públicas con la bandera del respeto
a los derechos humanos en todos los campos del devenir social para que los ciudadanos tengan claridad
sobre cuales derechos puede hacer valer frente a los gobernantes.