La Comisión de Economía aprobó los dictámenes de dos minutas con proyecto de decreto. Uno, que reforma y adiciona la Ley General de Sociedades Mercantiles, a fin de agilizar el proceso de disolución de empresas; y el otro, modifica la Ley de la Propiedad Industrial para incluir la figura de Indicación Geográfica, con el propósito de proteger productos mexicanos.
El presidente de esta instancia, el diputado Jorge Enrique Dávila Flores (PRI), indicó que hay alrededor de 500 mil empresas sin operar, de las cuales 325 mil han intentado liquidar la sociedad, pero sólo el uno por ciento lo ha logrado.
Por ello, consideró necesario simplificar el proceso de disolución de una empresa y dar certeza jurídica a sus accionistas y a los terceros que tengan derechos u obligaciones con la sociedad.
Destacó la importancia de la reforma en virtud del riesgo que representa no culminar el proceso de cierre de una compañía y tener los registros abiertos, pues se puede prestar a actos de corrupción.
La diputada Claudia Edith Anaya Mota destacó la importancia de que el proceso de liquidación sea gratuito, ya que los trámites para abrir una empresa en México se realizan en un día a costo cero; sin embargo, cerrar la compañía puede durar hasta dos años y valer 40 mil pesos.
Señaló que seis de cada 10 emprendedores que fracasaron no reportan el cierre de su empresa; 37 por ciento ha recibido propuestas para participar en actos de corrupción, y de éstos, el 53 por ciento admitió haber colaborado.
Es un tema muy delicado y por ello, se debe vincular al Servicio de Administración Tributaria (SAT) con la Secretaría de Economía, para bajar todos los folios al mismo tiempo y que no se sigan dando estas cosas. “Es una situación muy grave en el país, tiene que ver con la llamada ‘Estafa Maestra’”.
Al hacer uso de la palabra, la subsecretaria de Competitividad y Normatividad, de la Secretaría de Economía, María del Rocío Ruiz Chávez, dijo que 64 por ciento de las empresas en México no supera el año de vida. La mayor parte tiene que hacer una disolución y normalmente no cuentan con recursos económicos o técnicos para hacerlo rápido.
“Tenemos folios abiertos en el Registro Público de Comercio, nombres o denominaciones ocupadas, como si estuviera la empresa y el SAT asegura tener entre uno y dos millones de RFC que no está seguro de que estén operando”. Advirtió que no cerrarlos puede prestarse a malos manejos, incluso del nombre de la empresa.
Explicó que el procedimiento propuesto es vía Internet, es más ágil, seguro, transparente y no tiene costo. Además, no omite ningún requisito de lo que actualmente pide la Ley; es exclusivo para personas físicas identificadas con firma electrónica, que no hayan emitido facturas en los últimos dos ejercicios, que estén al corriente de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social y que sus representantes legales no estén sujetos a procedimientos penales o mercantiles.
El documento refiere que en los últimos cuatro años, en el Registro Público de Comercio se inscribieron 324 mil 320 empresas en proceso de disolución, pero sólo pudieron disolver, liquidar y cancelar su registro tres mil 143, “es decir, menos de uno por ciento de las empresas pueden cerrar, cuando hay un estándar internacional de que 40 por ciento de las nuevas empresas están condenadas al fracaso; es parte de la vida económica de todo el mundo”.
De acuerdo con estudios del FailureInstitute, 37 por ciento de las empresas tiene un periodo de vida de hasta un año; 29 por ciento vive hasta dos años, y sólo 21 por ciento pasa la barrera de los cinco años. “Si se sabe que tantos emprendedores van a fracasar, debemos preparar los trámites públicos para que el cierre sea rápido y sin dolor”, subraya el documento.
La Comisión de Economía también aprobó el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversa disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial para incluir la figura de Indicación Geográfica y posibilitar que otros productos accedan a una protección equivalente a la que hay en materia de Denominación de Origen.
Pretende que la promoción de denominaciones de origen nacional y la figura de indicaciones geográficas, protegidas en el extranjero, sean mecanismos de competitividad, que fomenten el valor agregado de los bienes tradicionales en México.
Además, será un detonante económico de productos nacionales que cumplan con los requisitos para ser protegidos como Indicación Geográfica, y tendrá repercusiones positivas en el mercado nacional e internacional.
Para emitir su opinión respecto a dicha reforma, el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Miguel Ángel Margáin González, comentó que estas figuras impactan en los creadores y las comunidades mexicanas.
Explicó que el sistema de protección industrial contempla la Denominación de Origen, para productos que son propiedad del Estado mexicano, cuyo nombre es idéntico al de una región o localidad, y sus características se deben a las condiciones locales.
No obstante, hay productos, como el Mango Ataulfo del Soconusco, Chiapas, a los que, por no existir la figura de Indicación Geográfica, se les protege con la Denominación de Origen.
Expresó que se han dado marcas colectivas a productos como los ates de Morelia y la cajeta de Celaya, lo cual no impide que puedan ser indicaciones geográficas. Esto permitirá que, en algún momento, cuando se proyecte como en otros países, podría dar origen a un instituto nacional de denominaciones de origen e indicaciones geográficas y salir del IMPI.
La propuesta contempla nuevas infracciones y delitos en materia de denominaciones de origen e indicaciones geográficas.
Asimismo, se armoniza el régimen de los diseños industriales, conforme a lo estándares internacionales.
