Durante la presentación del documento “Políticas de drogas, género y encarcelamiento en México: Una guía para políticas públicas incluyentes”, realizado por EQUIS Justicia, la diputada Claudia Corichi García (MC), integrante de la Comisión Especial contra la Trata de Personas, afirmó que en México el número de mujeres privadas de la libertad por delitos contra la salud va en incremento.
Explicó que este estudio refiere fundamentalmente que cada vez más mexicanas apoyan en las dinámicas de narcotráfico como opción laboral para subsistir y que la política actual de drogas está concentrándose en la caza de este delito, “pero a veces en los más débiles”.
Subrayó que las mujeres, cuando entran en prisión son prácticamente abandonadas por su familia, quizá sólo las visita su madre, pero quien era su pareja no vuelve. Muchas de ellas son el sustento de sus familias y tienen hijos, lo que las hace más vulnerables.
Ante este panorama, es urgente que se tengan todas las herramientas para legislar a favor de un sistema de justicia penal más justo y preventivo, enfatizó.
Explicó que EQUIS Justicia para las Mujeres A.C., es una organización feminista que investiga, documenta y difunde la situación actual de población femenina privada de su libertad por la política de drogas en el país.
Paola Zavala Saeb, directora general del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México, señaló que cada semestre unas tres mil personas salen libres de algún centro penitenciario de la CDMX, de las cuales 93 por ciento son hombres y 7 por ciento mujeres.
Detalló que de las personas recibidas en esa institución del gobierno capitalino, el 19.7 por ciento de las mujeres estuvo en prisión por haber cometido un delito contra la salud, versus el 4.3 por ciento de los hombres.
Además, la mayoría, un 53 por ciento, proviene de cuatro delegaciones: Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza. El 75 por ciento se encuentra en edad reproductiva, de los 18 a 45 años de edad; el promedio de educación es secundaria trunca.
Por ello, afirmó que “están en la cárcel personas pobres, con educación trunca y de colonias muy marginadas”. Consideró innegable que el fenómeno está ligado a la situación económica del país, por lo que “se está criminalizando la pobreza”.
Corina Giacomello, investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas y EQUIS Justicia para las Mujeres A. C., refirió que la elaboración del trabajo presentado les llevó cerca de tres años, en el cual se expone la realidad de las mujeres presas en América Latina y a nivel mundial, un fenómeno que ha tenido un aumento significativo, pues tan sólo entre el 2000-2015 esta población aumentó 50 por ciento.
Detalló que los delitos de narcomenudeo representan la segunda causa de encarcelamiento de las mujeres; el crecimiento de los ingresos a prisión, entre el 2014-2015, tuvo un crecimiento de 10.3 por ciento. “Los documentales muestran la ausencia del Estado, cuando deben atender la violencia contra las mujeres”.
Por su parte, la también representante de EQUIS Justicia, Isabel Blas Guillén, consideró necesario trabajar en campañas que eliminen la estigmatización de las mujeres reclusas.
Las manifestaciones de inconformidad de las detenidas buscan exhibir cómo es la vida en las prisiones y la dificultad que tienen para acceder a los subsidios gubernamentales y al pleno respeto a los derechos humanos.
Maïssa Hubert Chakour, coordinadora del Programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de la organización Documenta AC, indicó que en América Latina la población de hombres privados de la libertad aumentó 19 por ciento y la de las mujeres 56 por ciento, entre 2006 y 2016.
