CDMX, 21/12/17.- El coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, afirmó que vetar la Ley de Seguridad Interior desde la Presidencia de la República, como lo plantean legisladores del PRD, sería un “contrasentido”, toda vez que tiene un estricto apego a la norma.
Asimismo, aseguró que la recién aprobada legislación resistirá cualquier revisión a que sea sometida dentro o fuera del país, ya que cumple con la constitucionalidad y convencionalidad.
En rueda de prensa, en el marco de la sesión de la Comisión Permanente, señaló que la aprobación fue decisión del Senado y de Cámara de Diputados, y se “escucharon a quienes se debieron escuchar en su tiempo” y fueron recogidas todas las opiniones “en un ejercicio democrático y de responsabilidad”.
Comentó que el PRI respeta los diversos puntos en torno al nuevo ordenamiento legal, sin embargo, “estamos convencidos de la constitucionalidad, de la convencionalidad de la Ley de Seguridad Interior, y creemos que va a resistir cualquier revisión dentro o fuera del país”.
“Que tengamos pronto Ley de Seguridad Interior para marcar límites a la actuación de las fuerzas armadas, para que haya certeza para los ciudadanos y que haya plena observancia y garantía de respeto por los derechos humanos que ni siquiera deben estar a discusión”, abundó.
Sobre la reforma al artículo 1916 del Código Civil, aprobada por la Cámara de Diputados, en materia de daño moral a través de medios electrónicos como las redes sociales, dijo que el trabajo periodístico y libre expresión “está a buen recaudo”.
Añadió que las modificaciones no transgreden “el derecho de opinar, a criticar, el derecho de expresión, en los términos de la propia Constitución, de modo que especialmente el periodismo o las redes sociales deben quedar tranquilas”.
Explicó que cuando alguien considera que expresión de otras personas afectan su respetabilidad, “su buen nombre, su prestigio”, y dado lo cotidiano de los medios electrónicos, si se aprovecha para llevar a cabo estas expresiones, la persona “está en su derecho de demandar civilmente por daño moral”.
