La diputada Patricia Sánchez Carrillo (PAN), secretaria de la Comisión de Justicia, impulsa una iniciativa para reformar el Código Penal Federal, a fin de establecer que cometen traición a la patria quienes realicen actos de corrupción y se aprovechen de desastres naturales para lucrar, delinquir o sacar ventaja de la situación, por lo cual se les impondrá de cinco a 40 años de prisión y multa hasta de 50 mil pesos.
La legisladora enfatizó que la corrupción es un problema muy serio que afecta el crecimiento y desarrollo del país, lo que provoca un mayor deterioro en el nivel de vida de millones de mexicanos.
Sostuvo que este mal ha aumentado considerablemente en los últimos años, “alcanzando cifras escandalosas que van de 5 a 9 por ciento del Producto Interno Bruto, y llevándonos a una mala percepción entre la comunidad internacional que nos contempla como un país altamente corrupto”.
En su iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, la diputada refirió que estudios recientes “nos ubican como la nación más corrupta de las que componen la Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económicos (OCDE), ocupando el lugar 34 de 34 países que integran el organismo”.
Según estudios del Instituto Mexicano para la Competitividad, sólo 2 por ciento de los delitos cometidos por funcionarios públicos, a los que se les abre una averiguación previa, deriva en encarcelamiento, agregó.
Destacó la gravedad “de los irresponsables endeudamientos en estados y municipios llevados a cabo por ex gobernadores bajo la complicidad y ayuda de un gran número de funcionarios que tienen a esas entidades en malas condiciones financieras y, por ende, la inseguridad ha ido al alza”.
Sánchez Carrillo consideró que quienes cometen actos de corrupción afectan las libertades de terceros, condenan a millones de mexicanos a recibir malos servicios en seguridad, salud, educación y se pueden perder años de vida al no realizarse las obras a tiempo. Los efectos son irreversibles, y por tal motivo las penas a imponerse deberían ser mucho más severas.
Resaltó que los derechos humanos básicos, así como las garantías individuales, se ven seriamente afectados cuando se cometen actos de corrupción, “como los que realizan muchos funcionarios públicos, a pesar de que la mayoría de ellos, al tomar posesión de sus cargos, rindieron protesta, la cuál equivaldría al juramento que en otros países los servidores llevan a cabo al asumir un cargo”.
Afirmó que para combatir la corrupción y la impunidad que trae consigo, se debe catalogar como un delito “sumamente grave, que atenta contra nuestros derechos humanos y garantías individuales, al afectar el desarrollo del bienestar en nuestro país”.
Por ello, dijo, en virtud de que “al asumir cualquier cargo público el funcionario protesta y se compromete a ‘cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen’, lo cual evidentemente no sucede al cometerse actos de deshonestidad”, propone adicionar las fracciones XVI y XVII al artículo 123 del Código Penal Federal para considerar los actos de corrupción como traición a la patria.
Comentó que con esta reforma se fortalecerá lo establecido en el artículo 109 constitucional fracción II, la cual señala que: “La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable”.
