Con el objetivo de renovar el sistema de impartición de justicia de la capital del país, expertos, teóricos y operadores jurídicos fueron convocados por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México al foro
“Diálogos para la construcción de la homologación normativa del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México”
Con la presencia del presidente de la comisión organizadora, diputado José Octavio Rivero Villaseñor (MORENA), el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura local, Rafael Guerra Álvarez, se analizaron las virtudes de la homologación de dicha normatividad en favor de las personas capitalinas.
Al dar la bienvenida, el legislador Rivero Villaseñor afirmó que este foro representa un ejercicio ciudadano de diálogo abierto y tiene como objetivo conocer la opinión de las y los jueces y magistrados que se verán implicados en la renovación del sistema de
impartición de justicia en la Ciudad de México.
Aseguró que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece las reglas y procedimientos judiciales a seguir en asuntos civiles relacionados con la propiedad, contratos y responsabilidad civil; en materia sucesoria y familiar, que incluyen el divorcio, patria potestad, adopción y pensión alimenticia.
Además, precisó que promueve alternativas de solución de controversias como el arbitraje y la mediación y la implementación de juicios orales en todas las áreas. Asimismo, aborda cuestiones con activos virtuales y tecnología de cadena de bloques, formas que están cada vez más presentes como una manera segura de almacenar y verificar transacciones realizadas en internet.
Comentó que el foro contribuirá a robustecer la construcción de la homologación normativa para dotar a la ciudad de un marco legal que abone a lograr la justicia para todas y todos.
En su mensaje de inauguración, el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, expresó que el foro “Diálogos para la construcción de la homologación normativa del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México” es de gran
importancia, pues coyunturalmente se está debatiendo a nivel nacional “que llegue la justicia a la gente”.
Respecto a las razones de la importancia del debate, aseguró que la materia sustantiva del Código Civil “ha caminado más rápido que la materia adjetiva”, por lo que consideró que la parte conceptual ha avanzado, a diferencia de la parte práctica operativa que “ha venido a un ritmo menor”.
Recordó que, en el año 2000 al divorciarse una pareja, el hombre podía casarse al día
siguiente y la mujer debía esperar 300 días; además de que un padre podía desconocer
a su hijo si nacía en los primeros 180 días después del matrimonio; y aseguró que la
primera reforma importante al Código Civil en el año 2000, impactó en más de 300
preceptos con “una gran perspectiva de género y perspectiva de infancia, con una visión social más que privada”.
Entre los beneficios de la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y
Familiares a escala local, el mandatario capitalino subrayó la autorización de celebrar
audiencias en línea, la integración de expedientes electrónicos, el sistema de notificación que podrá ejecutarse por correo electrónico, las diligencias que podrán ser videograbadas o realizarse a distancia, la celebración de videoconferencias, además de
un sistema de información jurisdiccional, entre otros.
Al hacer uso de la palabra, el magistrado presidente del TSJ CDMX, Guerra Álvarez,
anunció que, tras la publicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el 7 de junio de 2023, la capital del país será la primera entidad federativa que aplicará la normatividad y que para ello se propone la modificación de 18 ordenamientos jurídicos y diversas propuestas de armonización.
Asimismo, hizo hincapié en que las controversias familiares y civiles representan entre el 70 y 75 por ciento del trabajo jurisdiccional “es por ello que de la forma en que se instrumenta dicho sistema de justicia dependerá la seguridad jurídica de la Ciudad de México, al garantizar acceso a la justicia de forma pronta y expedita, así como en condiciones de igualdad y no discriminación para todas las personas”
, apuntó .
