La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Constitución que proponen la extinción de siete órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Las funciones de estos organismos serían transferidas a dependencias del Gobierno Federal o al Inegi.
El dictamen plantea que los ahorros generados por la desaparición de estos entes se destinen al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Además, se asegura que se respetarán los derechos laborales de los empleados públicos en términos de la legislación aplicable.
Las reformas establecen que las facultades de los órganos desaparecidos serán asumidas por diversas dependencias federales y el Inegi, mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) será responsable de los asuntos relacionados con acceso a la información y protección de datos en los partidos políticos. También se extinguirán los organismos autónomos estatales encargados de la transparencia y protección de datos.
El dictamen fue aprobado en lo general con 22 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención, y en lo particular con 22 votos a favor, 16 en contra y ninguna abstención. El proyecto de decreto, impulsado por una iniciativa del Ejecutivo Federal presentada en febrero de 2024, ahora será enviado a la Mesa Directiva para su discusión en el Pleno.
La reforma deroga las disposiciones relativas al funcionamiento del INAI en el artículo 6 de la Constitución y transfiere la responsabilidad de garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales a los sujetos obligados. Asimismo, otorga al INE la competencia sobre estos temas en relación con los partidos políticos.
En tanto, el Coneval también sería eliminado, y sus funciones de evaluación de la pobreza y programas sociales pasarían al Inegi. De igual manera, las competencias de la Cofece y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se transferirían al Ejecutivo Federal, quien asumiría la responsabilidad de garantizar la libre competencia y regular los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
Durante la discusión, la diputada Lidia García Anaya (Morena) argumentó que la reforma busca evitar duplicidades y redirigir recursos a sectores más necesitados. En contraste, el diputado Santiago Torreblanca Engell (PAN) alertó sobre el riesgo de regresar a una era de opacidad sin un órgano independiente que supervise el acceso a la información.
La iniciativa continúa generando un intenso debate, con posturas que oscilan entre la necesidad de modernizar la administración pública y el riesgo de desmantelar contrapesos importantes en el sistema democrático mexicano.
