Necesario adaptar los marcos tradicionales de protección de derechos humanos al contexto digital, pues la seguridad de la información en el ciberespacio es esencial para el ejercicio de estos derechos, afirmó Mario Alberto Carrasco Alcántara, titular de la Unidad de Servicios, Orientación y Recepción de Quejas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).
En el marco de la instalación de la Secretaría de Derechos Digitales e Innovación Jurídica de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de México (FECOBAA), Carrasco advirtió que la explotación de datos personales con fines comerciales, ante la falta de una regulación adecuada, amenaza la libertad y privacidad de las personas, poniendo en riesgo la integridad de los derechos fundamentales.
Ante ello, llamó a construir un marco legal ético que proteja los derechos digitales y garantice un acceso equitativo para todas y todos.
Subrayó la relevancia de analizar y discutir los desafíos que plantea la transformación digital en relación con los derechos humanos, ya que internet se ha convertido en una herramienta clave para la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación democrática. Sin embargo, también genera la necesidad de proteger los datos personales en el entorno digital.
El representante de la CODHEM recordó que los derechos digitales son una extensión de los derechos fundamentales consagrados en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estos instrumentos buscan garantizar que las protecciones en el entorno físico se extiendan al ámbito digital, abarcando la libertad de expresión, la privacidad, el acceso a la información y la protección de datos personales.
Carrasco Alcántara enfatizó que los derechos digitales deben asegurar que la información personal no sea recopilada, procesada ni compartida sin el consentimiento explícito de los usuarios, y que existan mecanismos efectivos para protegerlos de posibles abusos.
Ante problemáticas como ataques cibernéticos, suplantación de identidad y delitos en línea, instó a los Estados a implementar políticas públicas eficaces para la protección de las personas en el ámbito digital.
