Francisco Martínez Neri, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD afirmó que “la propuesta de postergar el periodo extraordinario hasta después de las elecciones no se apega a derecho”, dado que el proceso del juicio de procedencia tiene términos precisos establecidos en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sobre los cuales, se pretenden imponer valoraciones políticas, sobre todo del PRI que no quiere descuidar el trabajo electoral que realizan sus representantes populares.
Indicó, que el procedimiento legal señala que una vez entregado el dictamen de la Sección Instructora a la Mesa Directiva (el 11 de mayo pasado), el Presidente de la Cámara anunciará que ésta debe erigirse en Jurado de Procedencia, al día siguiente a la fecha en que se hubiese depositado el dictamen, haciéndolo saber a la inculpada y a su defensor, así como al Ministerio Público (artículo 26).
Martínez Neri subrayó, que la ley es clara cuando dice que “en ningún caso podrá dispensarse un trámite” de los establecidos en el procedimiento (artículo 32). Lo que implica que los argumentos legales son poco valiosos para el PRI, que antepone sus intereses de partido al cumplimiento de la ley.
Asimismo, el líder perredista señaló que la ley remite en el artículo 27 al procedimiento que marca el 20, que a su vez nos remite al 18, se indica que “la Cámara debe reunirse y resolver sobre la imputación, dentro de los tres días naturales siguientes” a la entrega del Dictamen, lo cual debería de suceder.
El término a que se refiere el párrafo anterior ya se cumplió, y la única posposición que podría aceptarse sería esperar a que la Comisión Permanente acuerde hacer la convocatoria al período extraordinario en cuestión.
Finalmente, dijo que su grupo parlamentario solicitará mediante un punto de acuerdo, en la próxima sesión de la Comisión Permanente, la realización de un período de sesiones extraordinarias para desahogar el dictamen de la Sección Instructora en comento.