El coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), Martín Gutiérrez Lacayo, aseguró que México podría evitar 21 mil muertes al año, causadas por exposición de contaminantes, de contar con una mejor calidad de aire; de esas, 9 mil en el Valle de México, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Instituto Nacional de Salud Pública.
En reunión con diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el funcionario destacó que los gastos generados por la atención de estos padecimientos causados por infecciones respiratorias agudas equivalen al 3.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, lo que genera un impacto económico para el país.
Sin embargo, advirtió que para el primer trimestre de 2018 se prevé una anomalía climática que ocasionará altas temperaturas, lo que propiciaría incendios forestales y contingencias ambientales en esta temporada.
“Habrá condiciones de lluvia adelantada a finales de mayo, esto es, una temporada de ozono anticipada que podría comenzar la última semana de febrero con fuertes asoladas entre marzo y abril”, afirmó.
Por lo anterior, la CAMe está tomando en consideración una serie de modificaciones normativas a ciertos sectores industriales para mejorar los controles de emisión y evaporación de algunos contaminantes, por lo que “trabajamos de la mano con Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire)”.
Otras acciones, continuó, es mantener alertas tempranas a la población que incluye elaborar boletines informativos del Pronóstico de Calidad de Aire durante toda la temporada; campañas de comunicación en redes sociales; concertación de acciones con sectores públicos y privados.
Asimismo, reducción de fuentes móviles en circulación en horarios regulados de acceso al Valle de México, acciones de prevención de incendios forestales, incremento en el número de brigadas de atención a incendios adicionales a las que se encuentran en la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión de Recursos Naturales (Corena) y la Protectora de Bosques (Probosque).
También, el fortalecimiento de programas de detención de vehículos visiblemente contaminantes.
Gutiérrez Lacayo precisó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su encuesta intercensal 2015, más del 70 por ciento de los vehículos en circulación en el Valle de México son ocupados por una sola persona y 52 por ciento de los empleados públicos de estratos altos, mandos medios y superiores, utilizan el vehículo particular.
Lo anterior “nos debe ocupar para tener una mecánica de medidas específicas en los funcionarios públicos federales y locales”, expresó el titular de la CAMe.
La secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso (PVEM), pidió llamar a gobiernos locales para que se sumen al programa de cambio de camiones a diésel por los de gas natural; además, se pronunció por continuar con acciones para disminuir el uso del automóvil, pues, destacó, “es uno de los principales factores en los que puede contribuir la ciudadanía”.
Señaló que este organismo cuenta con el apoyo legislativo para actualizar e impulsar las normas relativas a los temas de solventes y emisiones de motocicletas.
El diputado Juan Antonio Meléndez Ortega (PRI), secretario de la comisión, cuestionó sobre qué acciones organiza la CAMe para que sus mensajes penetren más en la sociedad y cómo incluyen a los sectores productivos en éstas.
El diputado Fernando Rubio Quiroz (PRD), también secretario de esta instancia legislativa, propuso que la educación ambiental sea obligatoria desde el nivel básico, lo que ayudaría a generar conciencia sobre la importancia de este tema en las niñas y niños.
Indicó que es vital la coordinación entre entidades federativas en esta materia. Se pronunció a favor de darle mayor autonomía a la CAMe. “Necesitamos que la Ley de Calidad del Aire sea discutida y aprobada y hacer que la política ambiental tenga su lugar como un tema de seguridad nacional, pues de no hacerlo seguirá este tipo de complicaciones”.
En su oportunidad, Gutiérrez Lacayo aseguró que de los 44 mil autobuses de transporte público que hay en la zona de la megalóposlis, 70 por ciento tiene más de 20 años de antigüedad; no obstante, renovar toda la flota obsoleta, que es una competencia de los gobiernos locales, requeriría un fondo de 16 mil millones de pesos.
Afirmó que aún están pendientes diversas leyes para atender distintas fuentes de contaminación; se carece de normas para regular emisiones de motocicletas, así como para el uso de solventes industriales.
Refirió que el 2017 fue considerado el quinto año más seco de los últimos 41 años, de acuerdo a información del Servicio Meteorológico Nacional, debido a condiciones climáticas que se presentan cada año y que pueden ser más frecuentes y con mayor intensidad como efecto del cambio climático.
Comentó que ese mismo año se presentó un fenómeno en el Valle de México que no había tenido presencia en los últimos 20 años. Se trata de un sistema de alta presión alojado a una altura atípica, que ocasionó temperaturas más elevadas llegando a 52 grados en Hidalgo, y 36 grados en el Valle de México a la sombra. Esta condición generó 231 incendios forestales tan sólo en esa misma temporada.
