“La capacitación y profesionalización de nuestro personal mejora sus conocimientos para la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que enfrentan una situación de vulnerabilidad”, afirmó Beatriz Rojas, directora general del DIF Ciudad de México, al clausurar el curso especializado sobre el Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
La formación, dirigida a más de 200 funcionarias y funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la capital, se llevó a cabo en el auditorio Adolfo López Mateos del DIF nacional. En el curso participó personal operativo y directivo, incluyendo al titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Rafael Bustamante Martínez.
Rojas subrayó que la actualización profesional es una herramienta clave para mejorar la atención y el acompañamiento legal en contextos familiares complejos.
“Para el DIF es importante que las y los trabajadores se actualicen y adquieran nuevos conocimientos, que fortalezcan la atención a la comunidad”, apuntó.
Enfoque técnico y jurídico para el personal del DIF
El curso fue impartido por la doctora Alejandra Sánchez Cedillo, jueza de Proceso Oral Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Durante tres sesiones, con una duración total de nueve horas, se abordaron aspectos técnicos del nuevo marco normativo, como pruebas periciales, testimoniales, documentales y procesos de adopción.
La directora del DIF CDMX reiteró que el objetivo es brindar a su personal herramientas actualizadas para responder con mayor eficacia a las necesidades de las familias y de la niñez capitalina:
“La capacitación continua refuerza las competencias y habilidades de los profesionales que trabajan en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia”, declaró.
Este curso forma parte de una estrategia institucional que busca preparar al personal del DIF ante la entrada en vigor del nuevo Código Nacional, previsto para aplicarse de manera plena en todo el país a partir de 2027.