El diputado José Alberto Couttolenc Buentello (PVEM) impulsa una iniciativa que reforma la Ley General de Salud, para sancionar hasta con cinco años de prisión y 125 días de multa, al profesional médico quirúrgico que sin cédula de especialista legalmente expedida por las autoridades educativas y de salud, realice intervenciones quirúrgicas.
Se le suspenderá, además, para ejercer la profesión hasta por dos años, independientemente de lo que establecen para tales efectos las leyes penales en las entidades federativas para la configuración de otros delitos.
El legislador consideró que la falta de una correcta aplicación de las leyes en la materia ha provocado que proliferen clínicas de cirugías estéticas, operadas por personas que no cuentan con una validación y certificación de estudios por parte de los Colegios o Asociaciones de especialización, como el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (Conacem).
Resaltó que muchas personas, especialmente mujeres, arriesgan su salud y su vida, sometiéndose a tratamientos estéticos practicados por personas no calificadas, que emplean sustancias peligrosas que van desde sustancias médicas indebidamente prescritas, hasta aceite para bebé o automotriz.
El uso de estas sustancias en el cuerpo humano es grave porque pueden provocar reacciones adversas a la salud como inflamación, alergias e infecciones, hasta llegar a deformidades físicas e incluso la muerte, sostuvo.
Couttolenc Buentello señaló que, en ocasiones, la realización de procedimientos quirúrgicos para mejorar la apariencia estética lamentablemente son ejecutados por personas que, si bien cuentan con conocimientos generales de medicina, e incluso con especialidades en cirugía, lo cierto es que no los hacen especialistas en el área de la cirugía plástica, estética y reconstructiva.
Estas personas practican intervenciones invasivas sin estar acreditados y capacitados por instancias competentes para ello. Incluso, ofertan servicios que por no cumplir con la normatividad y las condiciones sanitarias adecuadas, provocan daños irreversibles en la salud de las personas.
Mencionó que la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva indica que en México se lleva a cabo el doble de intervenciones fuera del marco normativo de las realizadas por cirujanos plásticos certificados; asimismo, que del total de intervenciones ilegales, más de un 60 por ciento genera problemas inmediatos o a mediano plazo para los pacientes.
Tan sólo en el Hospital General de México, se tiene conocimiento de que en el año 2013 se registraron en promedio 500 casos anuales de complicaciones por procedimientos estéticos, la mayoría irreversibles, precisó.
El diputado mencionó que de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la demanda de métodos de embellecimiento ha aumentado 80 por ciento. Por su parte, la Secretaría de Salud del gobierno federal ha informado que el país ocupa el segundo lugar en número de cirugías estéticas en América Latina, sólo después de Brasil, siendo las más frecuente las de cirugía de nariz, colocación de implantes mamarios y la liposucción, mientras que las menos recurrentes son los rellenos en pantorrillas o glúteos.
Detalló que, en principio, las denuncias se generan por una mala práctica médica, sin embargo, al avanzar las indagatorias, se encuentra que 65 por ciento son realizadas por personas carentes de preparación profesional en el área de la medicina, o bien, con conocimientos en el área, pero sin estudios de especialidad en cirugía plástica, estética y reconstructiva.
Mencionó que hasta el 2014, del universo de personas denunciadas ante diversas autoridades, 45 por ciento carecía de estudios formales superiores a la educación media; 12 por ciento estudió algún nivel de educación media superior; 15 por ciento recibió capacitación en área cosmética, pero no todos tenían secundaria o preparatoria concluida; 3 por ciento tenía estudios formales de Técnica en Cosmetología, y el 12 por ciento cursó la primaria.
Del 35 por ciento de denunciados que demostraron contar con título y cédula profesional a nivel licenciatura, 8 por ciento practicaba la medicina con documentación que carece de registro en las universidades y el Registro Nacional de Profesiones, dictaminándose la documentación aportada como falsa.
Agregó que el 22 por ciento practicaba la medicina con títulos y cédulas que los amparaban capacitados en otras áreas del conocimiento, excepto como médicos cirujanos, destacando profesiones como dentistas, mecánicos dentales, psicólogos, nutriólogos, ingenieros, arquitectos e ingenieros químicos.
Por ello, diputados integrantes del PVEM consideraron imperativo adicionar un artículo 469 Ter a la Ley General de Salud para incorporar en los delitos, la práctica de cirugías ejecutadas por médicos que no cuenten con la certificación necesaria para su ejercicio, y por lo cual ponen en riesgo la integridad y vida de las personas que se someten a estos procedimientos.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Salud, plantea establecer que al profesional médico quirúrgico que sin cédula de especialista legalmente expedida por las autoridades educativas y de salud competentes y que no cuente con la certificación vigente que acredite capacidad y experiencia en la práctica de los procedimientos y técnicas correspondientes en la materia de especialidad y realice intervenciones quirúrgicas, se le impondrán de seis meses a cinco años de prisión y de cinco a 125 días de multa, así como suspensión para ejercer la profesión hasta por dos años.