En una medida histórica que refuerza la dignidad y los derechos humanos en el sistema penitenciario, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) firmaron un convenio para supervisar y regular los productos que se venden en las tiendas de los Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESOS).
“El respeto a los derechos de las personas en reclusión implica también garantizar condiciones de consumo dignas y justas”, afirmó Omar Reyes Colmenares, titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS), quien junto con Iván Escalante Ruiz, titular de PROFECO, encabezó la firma de este acuerdo interinstitucional.
El convenio busca asegurar que los productos comercializados dentro de los penales cumplan con estándares de calidad, precios justos y normativas de consumo, evitando así abusos, sobreprecios y comercialización de artículos caducos o fuera de especificaciones.
“Con estas acciones contribuimos a una estancia digna y segura para las personas privadas de la libertad, brindándoles servicios adecuados que también fortalecen su proceso de reinserción social”, sostuvo Reyes Colmenares.
Por su parte, Escalante Ruiz subrayó que los derechos de los consumidores no se suspenden con la reclusión. “El acceso a productos con información veraz, clara y justa es un derecho, incluso tras los muros. Este convenio pone en el centro la ética, la transparencia y la rendición de cuentas”, enfatizó.
¿Qué establece el convenio?
• El PRS enviará a PROFECO un catálogo de productos vendidos en los CEFERESOS, que será analizado para verificar que los precios se alineen con el mercado.
• PROFECO utilizará herramientas como “Quién es Quién en los Precios” para revisar costos y evitar abusos en productos de higiene, medicamentos y comestibles.
• Se verificará el cumplimiento de normas como gramaje, presentación, caducidad, y que los productos se entreguen correctamente.
• Se fomentará una cultura de legalidad y consumo responsable al interior del sistema penitenciario.
Este mecanismo se traducirá en un entorno más justo y transparente dentro de las cárceles federales, donde las personas privadas de la libertad podrán ejercer su derecho al consumo en condiciones de equidad y dignidad, un paso más hacia su reinserción social efectiva y humanizada.
El convenio refleja el compromiso del Gobierno de México con una administración penitenciaria más respetuosa de los derechos humanos, apostando por una transformación de fondo en los centros de reclusión y consolidando una visión de justicia con enfoque social.