El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, afirmó que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad, la justicia y el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, pues esta tríada ha sido siempre la única forma de convivir en paz.
Al inaugurar la Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia: “Hacia una política de Estado centrada en los Derechos Humanos”, acompañado del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, el rector señaló que infortunadamente el Estado está en deuda con los ciudadanos que aún añoramos la seguridad y el respeto pleno a nuestros derechos.
Muestra de esta deuda, agregó, son las 150 mil vidas que ha cobrado la llamada guerra contra el narcotráfico, o los datos que colocaron al 2017 como el año más violento en nuestra historia reciente.
“Según el último reporte de Human Rights Watch nuestro país presenta: desapariciones forzadas, ejecuciones, abusos de las fuerzas armadas, prácticas sistemáticas de tortura y tortura sexual, amedrentación y muerte de periodistas, y por supuesto las distintas facetas de la lacerante violencia de género”, expuso el rector.
Además, prosiguió, un reporte reciente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), del Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota y del Centro Latinoamericano de la Universidad de Oxford, señala que en México hay más de 31 mil personas desaparecidas o extraviadas, y en el 47 por ciento de estos casos, agentes del Estado –sea a nivel municipal, estatal o federal– estuvieron involucrados. Por si fuera poco, subrayó, el 91 por ciento de estas víctimas eran ajenas a actividades ilícitas.
“México exige justicia ante la impunidad, así como un sistema judicial donde los mexicanos estén exentos del riesgo de ser privados de su libertad, amedrentados o violentados por las mismas instituciones responsables de procurar su seguridad y bienestar”, demandó el rector de la UNAM.
Por ello, subrayó la importancia de revisar cuidadosamente la nueva ley de seguridad interior, pues aseguró que si se impone el orden sin los marcos legales o procesos institucionales apropiados, se pierde también la legitimidad necesaria para restaurar la paz y la confianza que le urge a México para recomponer su tejido social.
En el patio principal de la Antigua Escuela de Jurisprudencia, destacó el papel de diversos organismos y de la sociedad civil para denunciar las violaciones a los derechos humanos e incluso darles visibilidad internacional al llevar demandas concretas a espacios como la Organización de las Naciones Unidas.
Graue Wiechers resaltó la pertinencia de esta Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, en la que participarán expertos nacionales e internacionales que analizarán colectivamente cómo garantizar el bienestar de la sociedad y la implementación de la ley.
En su oportunidad, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, expuso que la nación ha destinado, desde 1996, más de mil millones de pesos en seguridad y los resultados están lejos de ser aceptables.
Ejemplo de ello es que México acaba de vivir el año más violento de las últimas décadas y los índices de criminalidad van en aumento.
La Encuesta Nacional de Seguridad de Percepción y Victimización sobre la Seguridad Pública del INEGI, refirió, señala que entre 2015 y 2016 la cifra de víctimas del delito en el país creció en 900 mil, al pasar de 23.3 millones a 24.2 millones. En 2016 se cometieron más de 31 millones de delitos y el 90 por ciento no fue denunciado, pues el 60 por ciento de quienes no denunciaron lo atribuyeron a problemas de autoridad o desconfianza de las mismas.
En tanto, la abogada General de la UNAM, Mónica González Contró, expuso que la Conferencia busca hacer propuestas para una política de Estado de seguridad centrada en los derechos humanos, mismas que serán entregadas a los candidatos a la Presidencia de la República, así como a los de otros cargos de elección popular.
A siete años de la primera conferencia, resaltó, la situación es grave: hay poca confianza, el tejido social se ha resquebrajado y la respuesta de las autoridades es de mano dura. La militarización ha sido una falsa salida y ha implicado violaciones a los derechos humanos
“El Estado de derecho es la única vía para alcanzar la anhelada paz en nuestra patria, es el camino para recuperar la confianza en las autoridades y restituir el tejido social que ha resultado dañado a consecuencia de la inseguridad”, concluyó.
En la inauguración estuvieron también el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar Ugarte, y el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante.