- Aprueban en la Cámara de Diputados reformas clave para proteger a víctimas
El acoso sexual y el hostigamiento laboral cometidos por servidores públicos serán considerados faltas administrativas graves, gracias a las reformas aprobadas por unanimidad por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.
“Debemos garantizar la seguridad emocional y física de las personas. Estas conductas no son imprudencias, son violencias y abusos de poder que ya no pueden tolerarse en el servicio público”, afirmó la diputada Lilia Aguilar Gil (PT), promovente de la iniciativa.
El dictamen adiciona los artículos 64 Quáter y 64 Quintus a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, definiendo con claridad dos figuras que históricamente han quedado sin sanción dentro del marco legal:
- El acoso sexual: cuando una persona servidora pública, sin tener una relación de subordinación, realiza actos con connotación sexual con intención de causar perjuicio.
- El hostigamiento laboral: cuando se utiliza el poder jerárquico para ejercer conductas reiteradas de carácter sexual, ofensivo o degradante.
Además de sancionar estas prácticas con suspensión, destitución o inhabilitación, se establece que las personas responsables serán inscritas en el Sistema Nacional de Personas Sancionadas, lo que evitará su reincorporación a funciones públicas.
La reforma busca cerrar vacíos legales y se alinea con la Constitución y las leyes federales en materia de derechos humanos, igualdad y dignidad en el trabajo.
Por otra parte, se aprobó también una reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para armonizar el texto legal con la reforma judicial, sustituyendo el término “designación” por “elección” en el artículo 69, dado que jueces y magistrados ahora serán elegidos por voto ciudadano.
“Es una corrección necesaria al marco normativo, porque las leyes deben reflejar la nueva realidad jurídica del país”, destacó el diputado Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la comisión.
Estas medidas son parte de un esfuerzo integral por fortalecer la transparencia, garantizar entornos laborales libres de violencia y modernizar el acceso a la justicia en México.
