Las niñas y mujeres con discapacidad enfrentan una doble desigualdad. Se trata de un sector de la población que ha vivido marginado, “invisibilizado”, y es deber de los responsables del servicio público, de profesionales de la salud y del resto de la población, garantizar el respeto a sus derechos humanos.
“Se impone la tarea de diseñar políticas públicas a corto, mediano y largo plazos, dirigidas a combatir las causas históricas y estructurales que impiden y obstaculizan su desarrollo al limitarlas, segregarlas, discriminarlas y excluirlas en diversos ámbitos como la escuela o la familia”, dijo en la UNAM Adriana Soto Andalón, jefa del Departamento de Salud del Instituto Nacional de las Mujeres.
Al participar en la mesa “Las necesidades de la salud de las mujeres con discapacidad”, organizada por el Seminario Permanente de Género y Salud en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, la especialista refirió que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad refiere que en ese concepto se incluye a quienes presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales.
Se mencionan cinco tipos: física o motriz; auditiva; visual; mental o psicosocial (como depresión, esquizofrenia), e intelectual (alteración en el desarrollo caracterizada por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en conductas adaptativas; por ejemplo, quienes sufren síndrome de Down). Hay personas que presentan múltiples discapacidades, abundó.
En el encuentro, realizado en el marco del Día Internacional de la Mujer, Soto Andalón recordó que en 2015 la Organización Mundial de la Salud estimó que 15 por ciento de la población del planeta presenta una condición de discapacidad. El aumento de esa cifra se debe al proceso de envejecimiento y al incremento de enfermedades crónicas.
En México, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, hay 7.1 millones de personas con alguna condición de discapacidad, es decir, seis por ciento de la población total (3.3 millones de hombres y 3.8 millones de mujeres.
El Censo de Población y Vivienda 2010 reportó que la principal causa de limitación en la actividad es por enfermedad, en 42.5 por ciento de las mujeres y en 36.2 por ciento de los hombres; por edad avanzada, en 25.9 y 20.2 por ciento, respectivamente; y en 11.3 y 18.8 por ciento, por accidente. La discapacidad femenina más común es la motriz, en 62.2 por ciento de los casos, resaltó.
Por fortuna, ya hay un marco normativo que señala que las personas con discapacidad deben tener garantizados sus derechos, y México ha suscrito convenciones e instrumentos internacionales, como la mencionada Convención, donde se ha comprometido a generar acciones para que así suceda, expuso Adriana Soto.
María Juana Soto Santana, del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la deportista paralímpica mexicana con más medallas en juegos oficiales internacionales, dijo que a las mujeres con discapacidad “todavía se nos ve asexuadas e infantilizadas, y se tiene una percepción negativa de nosotras. No entramos en los estándares de belleza: la discapacidad no es bonita”.
La discapacidad, sostuvo, la hace el entorno social, que nos limita. “En el Consejo queremos garantizar los derechos de la población con discapacidad y trabajamos para que haya equidad para mí y todas las personas con discapacidad”.
En el auditorio Fernando Ocaranza refirió que las necesidades específicas de atención en la salud para las diferentes discapacidades no están contempladas en las políticas públicas. Se requiere, por ejemplo, fortalecer el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en esa condición. Hay que poner en la mesa esa problemática y hacer las políticas con igualdad y equidad.
Por último, Verónica López, titular de la División de Unidades de Rehabilitación del Instituto Mexicano del Seguro Social, mencionó que hay situaciones y grados diversos de funcionalidad y, por ende, de la forma en que se expresa la discapacidad; por ello, la necesidad de acceso a los servicios es diferente. Por ejemplo, la discapacidad mental o intelectual requiere adherencia a tratamientos y redes de apoyo.
Las personas discapacitadas tienen una mayor demanda de asistencia sanitaria que quienes no tienen esa condición. Por supuesto, aún hay necesidades insatisfechas; una encuesta reciente acerca de personas con trastornos mentales graves refiere que entre 35 y 50 por ciento en países desarrollados, y entre 76 y 85 en países en desarrollo, no recibieron tratamiento en el año anterior del estudio.
En muchas ocasiones hay una oferta limitada de servicios, no hay equipos especializados, hay obstáculos físicos, además de aptitudes y conocimientos inadecuados del personal sanitario. Ante ello, se debe identificar claramente a la población con alguna discapacidad; evaluar políticas vigentes y mejorar el acceso e inclusión para ese sector de la población, concluyó.