Los múltiples, heterogéneos y hasta caprichosos trámites que debe cumplir una empresa para arrancar sus actividades, que además implican tiempos y costos excesivos, llevan a los emprendedores –en particular de las micro, pequeñas y medianas empresas– a abandonar sus proyectos. De ahí la urgencia de contar con mayores y mejores instrumentos en materia de mejora regulatoria, aseveró el diputado Jesús Serrano Lora.
“Si la mejora regulatoria corrige eficientemente muchas de las fallas que hasta ahora se tienen, estaremos hablando de un incremento en la productividad, de la toma de mejores decisiones de los consumidores y, en una disminución de la corrupción, la impunidad y la inoperancia del gobierno mexicano, que es la característica del Presidente Enrique Peña Nieto”, expresó.
Respecto a la expedición de la Ley General de Mejora Regulatoria y las reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aprobadas por la Cámara de Diputados el 6 de marzo, aseveró que la verdadera intención es una nueva ola de desregulación, cuya finalidad es que los mercados funcionen libremente.
El legislador federal de Morena consideró que ello implicará la continuidad en el abandono de las políticas que buscan un desarrollo económico sostenido, equilibrado e integral, que persiguen contrarrestar las fuerzas del mercado. Las reformas aprobadas, apuntó, conllevarán a la hiperconcentración de la riqueza y el ingreso.
Criticó que la iniciativa deja de lado el impulso al mercado interno para plasmar en su contenido que el comercio internacional es la única vía de desarrollo para la economía mexicana. “Si bien no pretendemos un regreso al proteccionismo, no debemos olvidar que países como Estados Unidos, Inglaterra e Italia, están perfilando su política hacía el apoyo a la producción interna”.
Serrano Lora hizo notar que el dictamen aprobado olvida que el Estado debe velar por el interés general y no sólo el de un grupo favorecido por el mercado, y de ello da prueba los beneficios que recibe el sector empresarial. En contraparte, dijo, no se toma en cuenta a ejidos, agrupaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades y empresas de carácter vecinal, entre otros.
Asimismo, consideró que si bien la participación ciudadana a través del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria supone un avance democrático, debe contar con más herramientas para cumplir con un papel más crítico y efectivo.