El Congreso de la Ciudad de México aprobó la “Ley Crucito”, una reforma al artículo 125 del Código Penal local que castiga con hasta 30 años de cárcel y la pérdida de derechos sobre la víctima al responsable de homicidio contra un hermanastro, hermanastra, hijastro o hijastra.
Con la finalidad de fortalecer la protección integral de la niñez y cerrar resquicios legales que permitían la impunidad, el Congreso capitalino aprobó la llamada “Ley Crucito”, que tipifica como homicidio agravado el asesinato cometido contra un hermanastro, hermanastra, hijastro o hijastra.
El dictamen, presentado por la diputada Elizabeth Mateos Hernández (MORENA) a nombre de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, reforma el artículo 125 del Código Penal de la Ciudad de México, incrementando la sanción hasta 30 años de prisión, además de la pérdida de los derechos que el agresor tenga respecto de la víctima.
Mateos Hernández recordó el caso de Crucito, un niño de seis años originario de Iztacalco, asesinado por la pareja sentimental de su madre, que dio origen a la iniciativa. “El interés superior de la niñez no es un eslogan: es un mandato constitucional y moral que nos obliga a decidir siempre en favor de su vida, su dignidad y su felicidad”, enfatizó.
La legisladora añadió que la reforma reconoce la diversidad de las familias y busca impedir que la violencia se esconda bajo un vínculo familiar. También citó el caso reciente en Tarandacuao, Guanajuato, donde un menor de nueve años, Santiago, fue asesinado por su padre, lo que refleja la urgencia de reforzar el marco jurídico.
Por su parte, el diputado Israel Moreno Rivera (PVEM) señaló que la mayoría de los casos de violencia contra la niñez provienen de familiares cercanos, por lo que la legislación debe ser contundente para proteger a niñas, niños y adolescentes.
Antes de esta reforma, el homicidio contra hermanastros o hijastros se sancionaba como un delito simple con penas de hasta 8 años de prisión. Con la aprobación de la “Ley Crucito”, la sanción puede alcanzar los 30 años, y en casos con violencia, hasta 50 años de cárcel.
