El pasado martes se presentó el segundo informe del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad, con un análisis a fondo de 729 casos de desaparición en el estado de Coahuila, documentados por el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios (CDHFJL) y por los colectivos Familias Unidas, Grupo Vida y Alas de Esperanza, obtenidos gracias al apoyo de El Colegio de México (Colmex), así como por las organizaciones Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) e I(dh)eas-Litigio Estratégico de Derechos Humanos (IDHEAS). Esta segunda entrega se llevó a cabo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México por parte de los integrantes del Observatorio, conformado por académicos de la Universidad de Minnesota, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la Universidad de Oxford, y de la Flacso México.
En un tercio de los casos de desaparición en el estado de Coahuila entre los años 2001 y 2017 “no hay duda de que estuvieron involucrados agentes estatales”, aseguró la coordinadora del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad, Karina Ansolabehere durante la presentación del segundo informe de desaparecidos en México.
Así como lo muestra el primer informe del Observatorio sobre Nuevo León, en Coahuila los casos de desaparición no son aislados: el 65 por ciento suelen ser eventos colectivos en los que se desaparece a más de una persona al mismo tiempo.
Las personas que están en mayor riesgo de ser víctimas de desaparición son los jóvenes entre los 17 y 33 años, así como quienes se encuentran en tránsito, por ejemplo, aquellas personas que se dedican a actividades vinculadas al comercio foráneo o a conducir transportes en carretera.
El 45 por ciento de los desaparecidos en Coahuila, donde se conoce el lugar de captura, son desaparecidos en su propia casa, el 35% en la vía pública y el 15% en centros económicos o comerciales.
Estos datos esclarecen que los perpetradores no buscan la clandestinidad para desaparecer a alguien. “La desaparición es un fenómeno bastante menos escondido de lo que podemos suponer” explicó Ansolabehere.
“En aquellos casos donde se identifica con claridad la presencia de agentes estatales, se observa una mayor participación de los cuerpos policiales a nivel municipal (54%), seguidos por agentes de nivel estatal (25%) y federal (13%)”.
“Las desapariciones en la entidad son una práctica extendida a lo largo de todo el territorio. Los municipios con mayor incidencia de desapariciones son Piedras Negras (38%), Saltillo (23%) y Torreón (14%), que además coinciden con las ciudades más pobladas del estado”, afirmó Ansolabehere.
El 79% de las víctimas sigue sin aparecer, el 3% ha aparecido sin vida, y solo el 2% aparece con vida. En los casos restantes no se ha esclarecido si las apariciones han sido de personas con vida o se trata de restos.
Al hacer un “trabajo minucioso de reconstruir historias”, los miembros del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad se percataron de que existe mucha información acerca de las víctimas gracias a los datos que aportan familiares o testigos y poca sobre cómo fue el acto de desaparición o quiénes los perpetraron”. Con la desaparición también desaparece toda información relacionada con las víctimas.
Los datos muestran que las instancias gubernamentales contribuyen a la falta de cifras sobre desaparición en México y en el estado de Coahuila, pues la mayoría de las familias que buscan denunciar una desaparición son persuadidas por los agentes estatales para no hacerlo a través de infundirles miedo y amenazas.
Sólo el 38 por ciento de los casos fueron atendidos en la primera vez en la que se intentó denunciarlos. Hay registro de casos en los que los familiares de las víctimas tuvieron que hacer hasta 10 intentos en distintas instancias para lograr levantar una denuncia.
