El presidente de la Comisión de Salud, diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía (PAN), aseguró que de las 30 mil personas que están en lista de espera para trasplante, el 35 por ciento muere a falta de un donante de órganos.
En reunión extraordinaria para aclarar dudas en torno al dictamen de donación presunta de órganos, aprobado el pasado 20 de febrero por la Comisión y que será presentado al Pleno para su discusión, el legislador señaló que del total de pacientes en espera de un órgano, 15 mil buscan un riñón y ocho mil, un hígado.
Destacó que el 24 por ciento del gasto del IMSS se va en la atención de insuficiencia renal, lo que podría reducirse si la Cámara de Diputados aprueba este dictamen.
Explicó que, según datos del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), cada año se pierden de seis mil a nueve mil hígados por falta de cultura de donación de órganos. “Donar órganos es donar vida, debemos cambiar la cultura en la sociedad sobre este tema; hay mucha desinformación”, enfatizó.
Iñiguez Mejía indicó que en esta materia México ocupa el lugar 42 de entre 84 países. “En el 20 por ciento de los casos en que se realiza un trasplante, es gracias a quien dona el órgano de su familiar”, puntualizó.
El dictamen de donación precisa, entre otras cosas, que el hospital que pretenda participar deberá contar con una certificación y la figura de procurador de órganos; tener un Comité de Vigilancia, y un sistema de trazabilidad, para saber de quién viene el órgano donado, en dónde está, hacia dónde va y a quien va a beneficiar.
El diputado Juan Luis de Anda Mata (PAN) cuestionó si en este modelo existe revocabilidad de la decisión del donante, en caso de cambiar su parecer respecto a serlo o no.
La diputada Karina Sánchez Ruiz sostuvo que este dictamen no cumplió el proceso debido, pues no hubo una convocatoria. “No estamos en contra de la donación de órganos, sino en la forma como se está manejando, en donde no se garantiza a la ciudadanía la forma de decidir”.
Del PRI, el diputado Pedro Luis Noble Monterrubio comentó que el dictamen tuvo varias modificaciones que no afectan el fondo, pero da certeza jurídica en la libertad de decisión de los pueblos indígenas y de creencias; además, continuó, el gobierno garantizará a la población su libertad a oponerse a ser donador. Las personas incapaces, puntualiza, no serán incluidas.
La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (PAN), secretaria de la Comisión, aclaró que aún cuando alguien haya manifestado su intención a ser donador, una vez fallecido la familia puede revocar la decisión, por lo que esta reforma es un gran avance. “Lo que se trata es de respetar la voluntad de ser o no donador, la sensibilización del tema no llega igual a todos”.
El diputado Roberto Guzmán Jacobo (Morena) consideró que este dictamen viola los derechos humanos, pues no hay decisión de los mexicanos sobre sus órganos. “No podemos obligar a nadie a donar sin que ellos lo sepan; debe difundirse más la información”.
La diputada Martha Julisa Bojórquez Castillo (PRI) preguntó cómo se le va a informar al ciudadano para que sepa a dónde debe acudir para establecer su negativa. “¿Ante quién tendremos esa alternativa?”.
De Encuentro Social, la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola observó que este dictamen, en sus términos, “es una afrenta a los mexicanos”, pues en su mayoría no han aprobado la donación de sus órganos. En lugar de obligar, apuntó, se requiere incentivar la donación voluntaria.
